Hay un diagnóstico elaborado por especialistas en temas de seguridad nacional, que fue tema de conversación con algunos funcionarios estadounidenses. Estas fichas plantean que se avecinan unas de las elecciones más peligrosas que ha vivido México, no sólo por los asesinatos, desapariciones o amenazas contra candidatos y líderes sociales en diferentes puntos del territorio que están cometiendo grupos políticos caciquiles y organizaciones criminales, o ambos; sino por otros factores que incrementan peligrosamente el riesgo para el país.
Los especialistas mencionan los territorios en donde hay una clara ingobernabilidad, en donde las autoridades locales están sometidas y controladas por estos caciques o cárteles criminales. En estos lugares las elecciones sólo serán una simulación y los pobladores no elegirán a sus autoridades de manera libre. De estos espacios está salpicado el país, hay municipios en Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Guanajuato, Puebla, Tamaulipas, Sonora, San Luis Potosí, Zacatecas, Jalisco, Michoacán, Campeche y Chiapas, principalmente. El gobierno federal no ha hecho nada para impedirlo.
En otra parte del territorio, donde existe una confrontación entre grupos políticos o criminales, las elecciones continuarán mostrando escenas violentas, y los asesinatos pueden incrementarse, advierte el análisis, porque en estos lugares las autoridades juegan en alguno de los bandos por decisión o miedo, y definitivamente han sido rebasados. Hay casos en donde existe una simbiosis entre grupos políticos y criminales, que se benefician mutuamente desde sus diferentes espacios de interés.
En las pláticas con funcionarios estadounidenses se abordó la fortaleza que en este momento tienen los grupos criminales en el país, especialmente los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. El diagnóstico fue muy grave, la expansión de ambos grupos a partir de socios locales y la acumulación de poder económico los coloca como el más grave riesgo para la viabilidad del país. Esto porque no existe un combate estratégico ni una mínima coordinación entre los gobiernos estatales y el federal, lo que ha facilitado la corrupción, la instalación de laboratorios clandestinos para procesar narcóticos, la creación de empresas para el lavado de dinero y esconder operaciones criminales tales como la importación ilegal de químicos para procesar drogas, comprar equipo de seguridad y enviar cargamentos ilícitos a Estados Unidos disfrazados de productos legales, entre muchos otros.
Parecería un diagnóstico viejo, algo en lo que se ha insistido y hemos leído desde hace muchos años atrás. Pero es más grave. El contexto político-electoral, la relajación, descoordinación y desorganización de las tareas de inteligencia, la estrategia segmentada para el combate a estos grupos, la confrontación con Estados Unidos y la concentración de poder (y con ello de información) por parte del Ejército, son factores que en este momento han abierto espacios a los grupos criminales. El Estado no tiene capacidad para atacar estos grupos y desarticular sus capacidades, sólo una mínima capacidad de reacción.
Las empresas criminales, —dicen los especialistas—, están aprovechando los espacios que se han abierto a nivel federal y local, y se continúan fortaleciendo.
Los funcionarios estadounidenses tienen su propio diagnóstico y es peor. Por eso, la respuesta de ese país contra México irá creciendo, adoptará diferentes rostros y formas, desde más declaraciones de funcionarios y exfuncionarios contra autoridades de nuestro país, más informes evidenciando la gravedad del problema criminal, acuerdos y pronunciamientos desde el Congreso estadounidense contra acciones u omisiones del gobierno mexicano, hasta mensajes indirectos a través de emisarios sobre apoyos o sanciones económicas, búsqueda de aliados confiables de manera personalizada, acusaciones penales contra funcionarios y exfuncionarios, más nombres dentro de la lista de personajes de interés del Departamento del Tesoro, filtraciones a medios y más.
El presidente Andrés Manuel López Obrador carece de información, porque aseguran que no quiere ver ni escuchar. Serán tres meses muy delicados para el país.