Seis de cada 10 personas que son asesinadas en México tienen entre 15 y 39 años de edad y la mitad de esos crímenes ocurrieron en la vía pública. De las estadísticas publicadas por el Inegi hace unos días, el rango de los más jóvenes es el que sigue creciendo, porque casi cuatro de cada 10 crímenes cometidos en el país ellos aparecen como víctimas, los chavos que tienen de entre 15 y 29 años.
¿Qué está matando a estos jóvenes? Las armas de fuego, la impunidad causada por las diferentes formas de corrupción y la desarticulación de las instituciones.
Este es el panorama de la violencia en México. Una suma de más de 15 años en la que los gobiernos no encontraron la brújula para resolverlo y, por el contrario, el deterioro se acumuló. Este gobierno encontró un desastre en materia de seguridad y justicia, pero falta poco tiempo para que tenga que asumirlo como propio, su propio desastre. Si no avanza con estrategias integrales, políticas públicas bien diseñadas y con instituciones fuertes, los focos rojos se extenderán de forma alarmante.
En Estados Unidos, si un ciudadano quiere saber si una persona ingresó a una prisión federal puede consultarlo por internet y saber en cuál está y cuánto tiempo pasará allí recluido si es que ya fue sentenciado. Incluso en varios centros estatales es posible averiguar lo mismo.
Si una persona tiene interés en algún caso judicial basta con buscarlo en las cortes locales o en el sistema federal para tener el nombre, los cargos o lo que se demanda, en qué etapa del proceso está o cuál es la resolución y hasta obtener copias, ya sea por internet o de forma directa en la barandilla judicial.
¿Por qué funciona así el sistema? Porque la transparencia no es un acto de simulación, sino una herramienta que fortalece a las instituciones de gobierno y de la sociedad, que responsabiliza a cada uno de los actores, que refuerza el Estado de derecho. Saber quién enfrenta un caso judicial y qué pasó con él, si fue absuelto o no, genera confianza y mostrar quién sí cumple una sentencia es ejemplificar para buscar la no repetición en la sociedad.
En México estos sistemas no se implementaron porque su ausencia ha permitido al Estado o a personajes dentro del sistema manipular a discreción estos recursos con un fin político o de corrupción, o ya sea para controlar a personas u organizaciones a través del uso de la justicia.
Un sistema desarticulado en los tres niveles de gobierno y en el que el ciudadano no sea también responsable es un sistema del que se benefician los grupos criminales, los grupos de poder, en suma, la corrupción.
Este sábado entrará en funcionamiento el Registro Nacional de Detenciones (RND), en el que por primera vez se podrá revisar qué personas han sido detenidos y permanecen en esa condición en todo el país. Este es un buen ejemplo de los frenos que existían para la articulación de estrategias y de la mentalidad que aún prevalece, pero también de que esto no será suficiente.
Se resistieron a implementar el RND hasta el final las fiscalías de los estados, incluso la general de la República y las secretarías de seguridad pública. Muchos fueron los argumentos, desde que es riesgoso que cualquier persona tengan acceso, hasta que no existen ni corporaciones ni agentes preparados para disponer de esta información que es sumamente delicada.
El acceso a la información se dividirá en dos, una base de datos básica en el que se podrá consultar el nombre y lugar en el que se encuentra una persona detenida. El segundo, el sistema al que tendrán acceso las instituciones de seguridad y justicia que contendrá: nombre de la persona; edad; nacionalidad; fecha y lugar de nacimiento; sexo; descripción de la persona; lugar, fecha y hora en que se haya practicado la detención y los motivos; nombre de quien o quienes intervinieron; la autoridad a la que será puesta a disposición; familiar de referencia; señalar si la persona detenida presenta lesiones y si la persona se identifica como miembro de la delincuencia organizada; entre otros.
Si bien es cierto que es un riesgo y deberá protegerse en extremo esta información, también es cierto que por primera vez podrán generarse bases de datos y cruces de información de gran escala y obligará a las autoridades de todos los niveles a una práctica de mejores estándares. Es una herramienta apenas, que depende de la suma de voluntades, pero falta mucho más.