Al presidente Andrés Manuel López Obrador no le gusta escuchar que alguno de sus colaboradores falla, confía mucho en ellos; pero cuando sí pone atención en los errores, simulaciones o engaños de su equipo hace honor a su promesa, la cual suele repetir: que no tolerará engaños.
Es tiempo de que revise si la directora de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Blanca Elena Jiménez Cisneros, le está mintiendo y llevándolo a un escenario peligroso. Aunque hay dos hipótesis más: la primera es que la doctora en ingeniería a su vez esté siendo engañada o utilizada; la segunda opción es que López Obrador no se quiere pelear con Donald Trump y prefiere conceder o decir que lo hará, para no generar un conflicto. Cualquiera que sea la explicación, el Presidente está a tiempo de no cometer un grave error de consecuencias económicas, sociales y políticas severas que no sólo impactará al norte del país.
La historia se refiere al agua y es un tema de Seguridad Nacional, que por supuesto nadie le ha dicho a López Obrador que esa debe ser la visión. México está obligado a tener una regulación hídrica muy estricta en el norte del país, por el Tratado de Distribución de las Aguas Internacionales de los Ríos Colorado, Tijuana y Bravo desde Fort Quitman, Texas, Estados Unidos de América, al Golfo de México. Este acuerdo firmado con el país del norte en 1944 obliga a nuestro país a compartir el agua de forma muy precisa.
Desde febrero de este año y en por lo menos tres conferencias mañaneras, López Obrador ha abordado el tema desde dos perspectivas, que se tiene una deuda con Estados Unidos que México está obligado a pagar, y eso implica darles todo el afluente del Río Conchos. El segundo argumento es que las movilizaciones en Chihuahua obedecen más a una manipulación política-partidista, porque se les dará toda el agua. Ambas son premisas falsas.
El Presidente aparentemente no cuenta con un verdadero análisis de inteligencia sobre el conflicto en Chihuahua que, por cierto, incluye Tamaulipas, y jamás lo ha mencionado. Mucho menos tiene un verdadero diagnóstico estratégico sobre la crisis de agua, desde lo que llama huachicol del líquido, pasando por la producción agrícola y ganadera, hasta el consumo humano, para que pueda tener una visión prospectiva que le permita la toma de decisiones adecuadas, lo que incluye pronunciamientos apropiados.
Las movilizaciones no están impulsadas por partidos políticos, sí los hay, como también grupos de poder con diferentes rostros, que han optado por la presión e inexplicablemente son a los únicos que voltea a ver Conagua y, en consecuencia, el Presidente. Pero no los invalida, hay una realidad de urgencia del agua y de repartición equitativa.
Es falso que se tenga que pagar con todo el afluente del Río Conchos a Estados Unidos, de hacerlo, de acuerdo al Acta 234 suscrita por la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y los Estados Unidos (CILA), se estaría regalando el vital líquido a los estadounidenses, y dejando sin cosechas y hasta sin consumo humano a Tamaulipas y Chihuahua. Es decir, López Obrador estaría violando los derechos de los mexicanos.
Sin embargo, inexplicablemente la directora de Conagua le ha dicho al presidente que se debe pagar. Esto pese a que a la Unión Americana no se le deben entregar porcentajes mayores a “una tercera parte del agua que llegue a la corriente principal del río Bravo (Grande) procedente de los ríos Conchos, San Diego, San Rodrigo, Escondido, Salado y Arroyo de Las Vacas”. Eso dice el acuerdo.
Sólo se justifica entregar más en caso de dilación respecto del suministro del vital líquido provocada por una extraordinaria sequía o de un serio accidente en los sistemas hidráulicos de los afluentes mexicanos aforados. El acuerdo es muy claro: los volúmenes de agua faltantes que existieren al final del ciclo aludido de cinco años se repondrían en el ciclo siguiente con agua procedente de los mismos tributarios. Pero este no es el caso.
Hay comunidades en Chihuahua que están dispuestas a enfrentarse con la Guardia Nacional y el Ejército; en Tamaulipas harán más manifestaciones a fines de esta semana, pero han preferido la vía legal y han conseguido que un juez frene toda intención de Conagua de regalarle el agua a Estados Unidos, y que revisará la regulación hídrica, será entonces que se demuestre que, por lo menos, Jiménez Cisneros a pesar de ser una especialista en agua, extrañamente está equivocada.
Algo que no hay que perder de vista, en varios círculos del gobierno y de la academia se refieren a la directora de Conagua como alguien vinculada estrechamente con intereses empresariales que poco a poco están apareciendo. Por lo pronto los documentos oficiales demuestran que Conagua, sin duda, le está mintiendo al Presidente.