Pronto se cumplirán ocho años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa y este hecho no cambió en nada la violencia en Guerrero, al contrario, creció, se extendió y se hizo más virulenta.
Su desaparición ha servido, hasta ahora, de nada. Ni para llevar la paz, ni justicia, ni mejores gobiernos, ni más recursos, ni nada. Ni para las familias de los estudiantes ni para los guerrerenses.
Guerrero es la prueba del Estado fallido, así lo integre el PRI, PRD, PAN o Morena. No importa, todo es un trueque político, no hay verdaderas políticas públicas que transformen la realidad social; ni proyectos de mediano y largo plazo que se mantengan y permitan recuperar los espacios perdidos por la autoridad y la misma sociedad. Pero lo mismo ocurre en otras entidades. Un total fracaso.
En 1994, cuando el levantamiento zapatista en Chiapas, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, después de entrar en razón y emitirse la ley para la pacificación, la siguiente medida fue instalar mesas de negociación para atender las necesidades sociales que habían detonado la subversión. Los recursos económicos fluyeron en miles de millones, aunque muchos de ellos sirvieron para obras sociales, también muchos políticos locales se enriquecieron aún más.
Los zapatistas consiguieron tener sus propios territorios, hubo cambios sociales naturales por la llegada de recursos del extranjero en apoyo a los grupos que querían el cambio. Pero ahora habría que hacer una evaluación a unos años de que se cumplan 30 años del movimiento ¿qué cambió realmente?.
Por lo pronto, 28 años después, las capuchas que se dejaron ver en 1994, y que se alimentaban de la utopía del bien social, que portaban en su mayoría rifles viejos y herramientas del campo; pero eso fue sustituido por la capucha que ahora esconde a grupos criminales sin ideología, que portan armas largas y pueden transitar por San Cristóbal de las Casas sin que alguna información de inteligencia pueda dar una explicación de por qué tienen tanto poder e impunidad.
En le caso de Ayotzinapa, otro hecho emblemático que ocurrió en 2004. Este hecho puso frente a los ojos de todos que había un grupo criminal tan poderoso que había tomado el control absoluto de la seguridad de Iguala y municipios de alrededor, y creado un grupo casi paramilitar; también el dominio de los cuerpos de emergencia, de las autoridades de la alcaldía, el control de los transportistas y otras organizaciones sociales, y que tenía tal capacidad de impunidad (a pesar de las bases de operaciones militares, policía federal y seguridad estatal), que pudo desaparecer a 43 jóvenes. Y ahora los responsables son testigos colaboradores, ante la desesperación de los fallidos investigadores.
El ataque a los normalistas no fue el primero. Durante por lo menos cinco años antes, en la zona las desapariciones y asesinatos se fueron acumulando, poco a poco, y a pesar de los llamados de apoyo que la fiscalía estatal lanzó, la seguridad pública de Enrique Peña Nieto, a cargo de Miguel Ángel Osorio Chong y el Ejército a cargo del general Salvador Cienfuegos; o de la Marina, Vidal Francisco Soberón, hicieron algo, ni siquiera alertas.
El descubrimiento del poder criminal en Guerrero entonces y ahora ocho años después no despertó la reacción del Estado para recuperar el control. Es decir, nada cambió.
Por eso, en México, desaparecer sólo es un número, los gobiernos de cualquier partido nada cambian.