La amenaza que esta semana llegó por quien se identificó del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y que se supone proviene de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes El Mencho (identificado por las autoridades como líder de esa organización criminal) abrió una de las puertas más peligrosas para todos los periodistas en el país, pero también para el Estado.
Una autoridad estatal y federal que no tiene idea de si es real esta amenaza; cuál es el nivel de riesgo efectiva que representa para Azucena Uresti y los periodistas de los medios mencionados; si proviene del CJNG o se trata de un grupo rival, y que tampoco es capaz de lanzar un mensaje contundente contra estas acciones, refleja debilidad y el rumbo perdido.
Ese video representa una de las más peligrosas provocaciones que haya lanzado una organización criminal al Estado en años recientes, y por tanto es un grave desafío a las libertades democráticas, especialmente la libertad de expresión, la estabilidad y gobernabilidad, luego entonces a la Seguridad Nacional.
La información al interior del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, consultada a distintas fuentes, muestran que el Presidente no lo identificó así y su Gabinete de Seguridad tampoco se lo hizo ver. Su interpretación pasa por un ataque aislado y específico, incluso como un posible distractor.
Pero no es tan simple y, por el contrario, es la imagen visible de una profunda descomposición en la que operan los grupos criminales, y el desastre en las operaciones emprendidas por los cuerpos de seguridad de todos los niveles de gobierno contra esas organizaciones.
Especialmente la estrategia del Cártel Jalisco Nueva Generación ha intentado generar confusión, miedo y control en gran parte del territorio nacional, del que pretende a apoderarse. Sería equivocado pensar que el video que lanzó ese grupo armado (que aunque tarde ya fue borrado por Twitter), es una reacción al combate a este grupo criminal por parte del gobierno. Más bien no ha sido suficiente. Es más el reflejo de la impunidad.
Que quede claro, hoy más que nunca, la seguridad de todos los periodistas es responsabilidad del gobierno federal y de los gobiernos de los estados, y se hace indispensable que el Gabinete de Seguridad articule todas sus capacidades para su protección.
Con este grupo, al igual que con el Cártel de Sinaloa, se ha identificado a funcionarios, exfuncionarios, y políticos.
Sea lo que sea, es una información que el gobierno ha sido incapaz de procesar para el presidente. El cártel se atrevió a lanzar este desafío y elevó el nivel de inseguridad, por la debilidad que existe en su combate, y hay que asumirlo por los golpes constantes y el desdén al trabajo periodístico que se lanzan todos los días desde Palacio Nacional, de la que todas las partes han salido debilitadas.
Es la oportunidad del Estado para dimensionar que su análisis sobre el crimen organizado ha sido incorrecto y que amenazan las libertades, la paz y la gobernabilidad. De ser un riesgo se transformó en una amenaza para la libertad de expresión que debe ser atendido por los responsables de la Seguridad Nacional en el país de forma urgente.
Síguenos en @EjeOpinion