María Idalia Gómez

Es necesario hablar de nuevo sobre Ayotzinapa, porque este caso encierra toda la visión de este gobierno sobre la justicia y las víctimas. 

Cada vez es más claro que el camino que se ha empeñado en recorrer este gobierno, más allá de las frases huecas que les gusta pronunciar, encierra grandes peligros. 

El primero y más grave, son los beneficios que están dispuestos a ofrecer a los criminales que declaren sobre lo que ocurrió con los estudiantes normalistas ese 26 de septiembre de 2014.

Pero ofrecerles beneficios sin antes investigar a fondo, como hasta ahora, no sólo se corre el riesgo de que la justicia sea manipulada por criminales y que sean ellos los que construyan realmente la “nueva verdad”; sino que dejen sin castigo la serie de asesinatos y desapariciones que en la región de Iguala, Cocula, Huitzuco y Taxco han cometido los mismos grupos criminales que atacaron a los estudiantes. ¿O es que esas decenas de casos no merecen justicia? 

Desde el principio las omisiones de las autoridades federales fueron evidentes. Aún antes que ocurriera la desaparición de los normalistas, un Ejército, una Armada, una Policía Federal, un Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y una Procuraduría General de la República que no actuaron, en un concierto de voluntades, con información previa para impedir que Guerreros Unidos tuviera el control de las autoridades municipales, incluyendo a los cuerpos de emergencia y posiblemente las entrañas de la normal de Ayotzinapa. 

Algo similar a lo que ocurrió en muchas otras zonas del territorio con otras matanzas y desapariciones, y de ello debieron, cada institución, ofrecer perdón. No tuvieron información previa, como era y es su obligación, y no actuaron 

Pero eso es muy distinto a la operación misma que llevó a la desaparición de los estudiantes. 

El sábado pasado quisieron sorprender y generar una percepción entre la población, haciendo afirmaciones tales como: “encubrimiento generalizado” o “torturas generalizadas” o hablar de la “cúspide de poder”.

Si esas frases pronunciadas desde la investidura del Fiscal General de la República, el encargado de perseguir los delitos, adquieren realmente forma y dejan de estar huecas como hasta ahora, entonces veríamos a continuación que sería interrogado y quizá detenido al personal de Marina que participó como buzos en la búsqueda de restos en el Río San Juan; que sería investigado y seguramente interrogado el actual secretario de la Marina, José Rafael Ojeda Durán, porque entonces era  jefe de la Región Naval en Guerrero; y lo mismo que el exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos Zepeda, por encubrir a los generales que en 2014 estaban al frente de los 27 y 35 batallones del Ejército.

Y un dato más, la actual titular de la Visitaduría, Adriana Campos, fue la misma que en su momento sostuvo que Tomás Zerón, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal, no debía recibir sanción penal y trató de lavarse las manos enviando el expediente a la Secretaría de la Función Pública para que allí se le sancionara administrativamente. Pero no sólo eso, fue la misma que no investigó en su momento las denuncias que los ministerios públicos federales presentaron por la posible tortura de detenidos del caso Ayotzinapa. Eso sólo para comenzar. 

Pero a estas alturas es claro que la “nueva verdad” es y será selectiva, una suerte de revanchismo. La miopía de esta justicia es severa y peligrosa. 

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