El malestar del Ejército se hizo sentir con claridad y fuerza. Es el síntoma más claro del distanciamiento entre el poder político y el militar.
Las buenas prácticas de disciplina castrense ordenarían abordar en privado con los políticos el tema de la protección legal a las Fuerzas Armadas, pero la falta de visión y sensibilidad para atender a los representantes de la Marina y el Ejército en las oficinas de Los Pinos, en Gobernación y en el Congreso, provocó que el secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos, decidiera ventilarlo en público, con el respaldo de la cúpula castrense, los generales en retiro y activo, y de la tropa. Más aún, con el apoyo de la Secretaría de Marina.
Los militares están enojados y lo más importante, están decididos a actuar, porque el titular de Sedena debe resolver dos problemas graves y urgentes: el nuevo sistema penal acusatorio que coloca contra las cuerdas a los 50 mil elementos operativos desplegados en el país para las tareas de seguridad pública, y porque ya existe una suerte de “rebelión” interna que debe contener.
Son muchos los casos en que los únicos que atienden la llamada de urgencia de la población o responden ante situaciones de peligro, son los militares. Bajo el nuevo sistema de justicia adversarial, al llegar primero deben ser ellos quienes preserven la escena, retengan a testigos y a posibles responsables o quienes los persigan si huyen; en suma, los que deberán hacerse responsables de la cadena de custodia de las pruebas y dirigir las primeras investigaciones. ¿Cómo pueden hacerlo si no existe el soporte legal para ello? Prácticamente no pueden evitar que al actuar pueda desestimar el caso y hasta acusarles de violaciones a derechos humanos.
En cuanto a la rebelión interna, ésta pasa por el hartazgo, por sus muertos y heridos, porque no reciben pagos extra, porque ganan menos que los policías federales, porque no confían en las demás corporaciones que hasta los han traicionado, y porque en estos últimos 20 años el Ejército cambió y de alguna forma se democratizó, y ahora los soldados, aunque obedecen órdenes, también se defienden, opinan e intentan influir en las decisiones, ya lo dijo el general Cienfuegos “nuestros soldados ya la están pensando si le entran a enfrentar a los grupos delictivos con el riesgo de ir a la cárcel acusados de violar derechos humanos o que sean procesados por desobedecer”.
Hace unos meses, el titular de la Sedena comenzó a escuchar y consultar a generales retirados y en activo, sobre la falta de un marco jurídico que le permita al Ejército actuar en tareas de policía. El titular de la Secretaría de Marina hizo algo similar, consultó a sus asesores y, al igual que el Ejército, ordenaron actualizar y profundizar los análisis de las debilidades legales que existen para su tarea en las calles e hicieron nuevas propuestas que enviaron a legisladores. Se reunieron con ellos en varias ocasiones. Nada pasó.
Enviados del Ejército contactaron y enviaron mensajes en diferentes momentos a personajes cercanos al presidente, incluyendo a funcionarios de la Secretaría de Gobernación. La respuesta fue que el problema es el Congreso que no se pone de acuerdo.
Y es cierto los diputados y senadores, pero tampoco el Ejecutivo, han logrado tener una visión de gran estatura para definir qué tipo de policía necesita este país y cuáles serán las tareas en las que sí deben involucrarse por ley las Fuerzas Armadas. Lo que hasta ahora muestran es que quieren tener disponible y usar a discreción a las Fuerzas Armadas.
Lo que vimos esta semana en el Congreso sólo fue un show. Dijeron que verían la ruta para discutir y aprobar en un periodo extraordinario las reformas y la creación del marco legal. En realidad, les ordenaron desde la coordinación de las bancadas que lo declararan, porque desde Los Pinos lo pidieron. Pero no es verdad. No hay una definición, no hay voluntad. Lo sabe el general Cienfuegos y tiene el respaldo militar.