En la confrontación legal entre la Fiscalía General de la República y el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, las dos partes ganarán con el desarrollo de este show, pero quien podrá definir el juego será el mandatario tamaulipeco, aunque dependerá de una finísima técnica legal y su estrategia.
El escenario legal pueden llevarlo a tal extremo que el Congreso federal podría declarar en desacato al Congreso de Tamaulipas, y someter a los legisladores panistas, priistas y de Movimiento Ciudadano (que apoyan a García Cabeza de Vaca) a un juicio político, responsabilidades administrativas y hasta penales. Al menos eso consideran especialistas, algunos de ellos incluso participaron en la conformación de la gran reforma en materia de servidores públicos y constitucional de 1982 que ahora rige el procedimiento contra el gobernador.
Se trata de un hecho inédito, del que sólo existen dos antecedentes. El primero se consumó contra Jorge Díaz Serrano, entonces senador de la República, a quien se separó del cargo el 30 de julio de 1983 y fue sometido a juicio. El caso lo preparó el entonces procurador Sergio García Ramírez con su equipo y los litigantes lo recuerdan como el más pulcro y de alto valor jurídico. Al final, Díaz Serrano fue condenado penalmente por operaciones consideradas fraudulentas dentro de Pemex.
El otro caso fue del propio Andrés Manuel López Obrador cuando era jefe de gobierno capitalino, el cual se recuerda en la memoria jurídica como un show en el que jugaron su papel todas las partes: el Congreso, el gobierno federal y el entonces funcionario capitalino.
Otro que podría ser referencia, pero con otra estrategia, es el del entonces gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva. Como el Congreso local que tenía que ejecutar la declaratoria de procedencia estaba a su favor, relatan testigos de entonces, fue mejor esperar a que perdiera su fuero al dejar la gubernatura y entonces, detenerlo por su relación con el Cártel de Juárez. Todo un éxito.
García Cabeza de Vaca, que será el segundo gobernador en funciones en la historia de México en ser vinculado a grupos criminales, está jugando su papel de víctima y moviendo las piezas políticas que puedan arroparlo. El Congreso, que no tiene muy claros los movimientos jurídicos que le toca hacer ha actuado con pasmo, pero también moviendo sus piezas. Aunque hay otro jugador que pocos han observado: las agencias estadounidenses, que tienen un expediente aún más grande que la Fiscalía mexicana, lo que podría limitar los movimientos del gobernador.
El procedimiento que se planea seguir es que el Congreso federal revise el caso, escuche al mandatario y determine si existen elementos que sean suficientes para suspender el fuero de García Cabeza de Vaca en tanto enfrenta a la justicia. Hecho esto, enviarán la resolución al Congreso local que está en sus manos ejecutar, aunque apresuraron la reforma y pretenden dejar en sus manos el procedimiento. El ámbito federal impugnará estas modificaciones para que no tengan validez. Y en caso de que los legisladores locales se nieguen a cumplir con el fallo, se iniciaría un procedimiento de desacato, que llevaría por primera vez a un Congreso local a un trámite similar.
Envuelto en toda esta esgrima jurídica estará el proceso electoral y la ganancia se dará en función de cómo juegue cada parte. El tiempo es poco, pero mucho por ganar. Por eso el tiempo es perfecto.