Han pasado 18 meses desde que comenzó la nueva época de la Fiscalía General de la República y sus resultados son en exceso escasos. Bajo el argumento de que los estados deben atender los delitos del fuero común, ha disminuido los casos que atrae; con el argumento de que primero se necesitaba un diagnóstico, luego una reestructuración y ahora se necesita una reforma legal, muchas de las labores se desarrollan a medias. Y con el argumento de que los jueces son corruptos y liberan a los detenidos, que la Guardia Nacional no sigue los procedimientos, que los órganos como la Auditoría Superior de la Federación, la Unidad de Inteligencia Financiera y otras no presentan bien sus casos, salen libres detenidos, no se solicitan órdenes de aprehensión o de cateo a tiempo ni se detiene a responsables en flagrancia. En suma, más que argumentos, pretextos.
Un ejemplo, la Fiscalía encontró como antídoto, para no ser cuestionada ante el fracaso para someter a juicio al señalado líder del Cártel de Guerreros Unidos, José Ángel Casarrubias Salgado, El Mochomo, acusar, desde la obscuridad, que un secretario del juzgado Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca recibió un soborno.
Las escuchas telefónicas que tenía un equipo de investigadores llevaban varios meses sobre diferentes blancos permitidos por juzgados federales, porque Guerreros Unidos es considerado como uno de los grupos criminales que ha amplificado sus operaciones a tres estados y con suficiente capacidad de fuego. Las autoridades le adjudican secuestros, homicidios, extorsiones a comerciantes, empresarios y gobiernos; así como producción y venta de drogas, que implica la esclavitud de pobladores.
A pesar de que se advirtió la posible operación de soborno, los altos mandos de la Fiscalía no ordenaron vigilar a los involucrados para tener un caso de flagrancia, ni se intervinieron o rastrearon cuentas bancarias, ni se advirtió a la juez a pesar de que se sabía que ella no estaría involucrada. En cambio, se prefirió exhibir un acto, no comprobado, de soborno, y con ello alertar al grupo criminal de la vigilancia, lo que implica modificar su modus operandi y tirar el trabajo a la basura.
Adicionalmente se colocó en riesgo a la propia juez ante un cártel, y forzó al Consejo de la Judicatura Federal a suspenderla, por lo menos, por notoria ineptitud, y obligó al Poder Judicial, sin pruebas suficientes, a investigar. Porque la Fiscalía no tiene pruebas útiles para un caso.
Este ejemplo revela no sólo la ineficacia de una fiscalía, sino que muestra cómo el epicentro de la corrupción en el Poder Judicial podría estar en los empleados de sus oficinas y habría que hacer una gran limpieza allí.
La semana pasada mencioné cómo hay jueces expuestos, a los que se les ha quitado la seguridad, ahora hablaré de los magistrados, por quienes la Suprema Corte de justicia debería salir en su protección, incluso física, justo ahora que se ha dado un golpe tan fuerte en la credibilidad de los juzgadores por el caso de El Mochomo.
Se trata de ocho magistrados quienes hoy día no poseen escolta. Simplemente se las quitaron a Rubén Arturo Sánchez Valencia, José Nieves Luna Castro, Olga María Ojeda Arellano y Angélica Díaz Pérez. En algunos casos aparece como si ellos hubieran renunciado a ella, pero esto no fue así.
En el caso del magistrado Oscar Espinoza Durán, tenía escolta cuando estaba en el estado de México, pero al cambiarlo de adscripción simplemente se la quitaron.
Algo similar les ocurrió a los magistrados que, al permanecer en el estado de México fueron enviados a otras entidades y se quedaron sin seguridad: Víctor Manuel Médez Cortés, a quien cambiaron de un tribunal colegiado a un unitario; Adalid Ambriz Landa a quien en su nueva asignación también es un lugar de riesgo, y a Juan Pedro Contreras Navarro, que igual fue designado a otro estado peligroso.
Lo mismo ocurre en entidades como Tamaulipas o Jalisco, lugares en donde funcionarios judiciales denuncian corrupción y no son escuchados; por el contrario, les han quitado la escolta o simplemente les han cambiado de adscripción, suponiendo que hasta esos lugares el peligro no los persigue.
Es tiempo de que el Estado asuma la protección de sus servidores públicos. El Poder Judicial de la Federación podría comenzar, y eso implica, además de realizar evaluaciones serias sobre la seguridad física de su gente, acabar verdaderamente con la corrupción interna y frenar los embates de otros poderes.