La agenda de riesgos y amenazas a la seguridad nacional de México no se ha actualizado tras la pandemia, y es urgente que esto ocurra, porque tendremos que prepararnos para enfrentar escenarios en extremo difíciles para el país.
¿Qué hay en el panorama? A partir de información de inteligencia, los especialistas han detectado varios focos de alarma que todavía no son tomados en cuenta por el gabinete de seguridad. Comencemos con lo “fácil”, las elecciones en este año no sólo generarán mayor polarización sino violencia, los expertos tienen registro de la actividad de grupos criminales en diferentes regiones, para seguir avanzando en el control político de municipios.
También los cambios que se avecinan en torno al sistema electoral, comenzando por el INE y la expectativa de que su presidente, Lorenzo Córdova, no concluya su gestión en 2023, sino antes. Esta reforma significa la acumulación de poder del presidente o de grupos dentro de Morena, no necesariamente aliados incondicionales de Andrés Manuel López Obrador.
Pero no se hará nada por amortiguar un proceso electoral agitado y sus secuelas, porque es crucial para los partidos ganar más territorio político.
Otro de los puntos de alto riesgo es la migración, no sólo porque Estados Unidos ha colocado el tráfico de personas por el territorio mexicano como una amenaza para sus seguridad, por lo que adoptará las medidas que considere necesarias para protegerse; sino porque las miles de personas que se están esparcidas por el país demandan trabajo y servicios, son objetivos de los grupos criminales y de explotación en general. Su presencia puede generar desequilibrios económicos y hasta sociales en algunas regiones. No se están adoptando las medidas suficientes y necesarias para impedir la violación de sus derechos, y para abrir oportunidades para estas miles de personas que permanecerán meses o años en nuestro país.
La violencia propiciada por el crimen organizado es otro riesgo, porque sigue abriendo sus opciones de negocios, ya no son únicamente las drogas o la trata de personas; son las armas (que se prevé crezca en la medida que aumentan los controles de tráfico); los minerales; los químicos esenciales para la producción de drogas sintéticas, y el agua. Se trata de células delincuenciales que ahora sí les interesa el control criminal, social y político del territorio.
La consultora Control Risk, en su último informe, ubica un alto riesgo para la mitad del territorio en materia de violencia, y justo zonas que son o se desea sean motores económicos; Veracruz, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Puebla, Sinaloa, Sonora o Baja California, por ejemplo. Adicionalmente un alto riesgo a las plataformas petroleras y los yacimientos, particularmente frente a Campeche y Tabasco.
Otro riesgo que aún no se ubica en la agenda de seguridad nacional son las consecuencias de salud que provocará esta pandemia a corto y largo plazo. Los padecimientos que serán incapacitante para el trabajo en personas jóvenes o adultas jóvenes; los tratamientos de salud que deberán incorporarse para la rehabilitación de la población y que serán costosos. Incluso hay quienes están tratando muy de cerca los casos, como médicos, y ya mencionan un tema de demencia en unos 20 o 30 años, provocados por Covid. Hace falta entonces, una reingeniería del sistema de salud, para un enfoque verdaderamente preventivo, de atención oportuna y de reorganización de recursos que incluya nuevas especialidades.
A todo esto hay que sumar los delicados escenarios económicos que se vislumbran, la falta de contrapesos y equilibrios políticos en las regiones, la vulnerabilidad digital y ecológica (especialmente el equilibrio hídrico y energético), y la debilidad institucional que prevalece ante la falta de estrategia y el exceso de austeridad en los recursos.
Es buen tiempo para que los especialistas dentro del gobierno miren a corto y largo plazo, diseñen las estrategias e integren una nueva agenda de riesgos y de amenazas, porque de ello depende un mejor futuro.
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