Los funcionarios de la DEA que trabajan actualmente en el país sobrepasan los 100. A este número hay que sumar sus agentes encubiertos, colaboradores (no empleados formales pero que son pagados por la agencia antinarcóticos estadounidense de manera regular) y a sus informantes.
Hay funcionarios mexicanos que conocen del tema y que aseguran que el despliegue de este organismo en el territorio mexicano se debe calcular en no menos de 300 personas con capacidad técnica para llevar a cabo escuchas telefónicas, seguimientos electrónicos e investigaciones específicas o de gran calado.
Esos mismos servidores públicos aseguran que incluso su trabajo se ha intensificado a partir del cierre de canales formales de comunicación y trabajo con el gobierno mexicano. Ponen como ejemplo el llamado Proyecto Python, que se dio a conocer en Estados Unidos a principios de 2020, y que fue operación dirigida por la DEA, apoyada por varias agencias en distintos estados americanos, y que significó la mayor investigación contra Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Aunque las detenciones de más de 600 personas se dieron en territorio estadounidense, una parte sustancial de las investigaciones que se siguieron, por al menos seis meses, comenzaron en México y permitieron ubicar sus conexiones en el país del norte.
De hecho, aseguran, la cerrazón del presidente Andrés Manuel López Obrador para las operaciones conjuntas y la inmunidad legal en México para los agentes de la DEA, FBI o cualquier oficina estadounidense, ha generado que se le dote de mayores apoyos para su trabajo desde México y hacia México.
Los recursos se incrementarán aún más para las agencias, porque en la agenda de amenazas y riesgos a la Seguridad Nacional estadounidense aparecen cuatro temas que se desarrollan en territorio mexicano: drogas sintéticas, terrorismo, migración y la presencia de China y Rusia.
Por ahora sus 11 oficinas conocidas por el gobierno mexicano, ubicadas en nueve estados, operan con cierta normalidad. Los permisos de una veintena de agentes que no se han resuelto por parte del gobierno mexicano y que dio a conocer la cadena CNN, son de los relevos de personal regular y su “ausencia” no ha detenido las operaciones. El haber exhibido la demora, es que forma parte de las negociaciones por inmunidad que es prioridad para el gobierno de Washington.
De entre las cosas que deberían preocupar más al gobierno mexicano es la poca confianza que tienen en sus funcionarios. Por ahora mantienen un contacto más o menos cercano con la cancillería, con la Unidad de Inteligencia Financiera y la Marina. La información disponible plantea que no confían en el fiscal Alejandro Gertz Manero, tampoco en Francisco Garduño del Instituto Nacional de Migración, y tienen sus reservas con el Ejército. Pero las agencias son pragmáticas y podrán trabajar, con reservas, con todos.
Aunque al fiscal Gertz Manero no le preocupa la relación con el Departamento de Justicia ni mucho menos con la DEA o el FBI, quizá sí debiera interesarle que el titular de la UIF, Santiago Nieto —con quien mantiene una intensa confrontación—, está muy cerca de los estadounidenses, y podrá seguir obteniendo información que lo coloquen en las preferencias del presidente López Obrador.
El gobierno de Joe Biden está confiado en que si bien el discurso público de México seguirá en el sentido de que se ha frenado la operación de las agencias en el territorio, en la práctica los agentes mantendrán su inmunidad legal y se llevarán a cabo operaciones conjuntas contra los cárteles de las drogas y de traficantes de personas, para iniciar con su lista de pendientes.
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