¿Y si la lucha contra la corrupción ahora sí fuera en serio? Después de más de dos décadas en el periodismo especializado en temas de justicia, lamento escribir que este espectáculo en torno al juicio al exdirector de Pemex, Emilio “L”, se parece a uno más de una veintena que vi en el pasado y que prometían, todos, que desarticulaban redes de corrupción “como nunca antes” o que “ahora sí no habría impunidad” y muchas frases domingueras que pronunciaban los políticos en turno, igual que ahora.
Aún no veo la diferencia del pasado y ahora. Y menos mientras más conozco el caso. La acusación contra Emilio “L” es demasiado frágil y elemental. Eso quedó en evidencia en las primeras audiencias que se celebraron entre el martes y miércoles de esta semana. Se resume a que el director de una de las petroleras más importantes de Latinoamérica compró dos casas con dinero presuntamente ilegal, a cambio de beneficios, a una poderosa empresa constructora brasileña que sobornó a presidentes, secretarios de Estado en por lo menos 10 países del continente.
Hay tantas carencias de información, no porque se trate sólo del caso del exdirector de Emilio “L”, sino porque de las imputaciones no se desprende la integración de una red. Se pasan por alto una cantidad enorme de cosas, por ejemplo, no se documenta cómo el exdirector de Pemex forzó a su Consejo de Administración para que aceptaran operaciones que dañaban a la empresa productiva del Estado; tampoco cómo articuló que todas las oficinas administrativas y las áreas de petroquímica, por ejemplo, sirvieran a sus fines y beneficiaran a Odebrecht sabiendo que incurrían en responsabilidades administrativas y posiblemente penales; cómo impidió que el Órgano Interno de Control no investigara ante los constantes anexos al contrato que se firmaban e incrementaban el costo de las obras, y por qué todavía ahora, un año y medio después de tener este caso la nueva Fiscalía General de la República, Emilio “L” es el único funcionario de alto nivel acusado penalmente. Sólo ejemplos.
En la audiencia del martes, al final, cuando el juez José Artemio Zúñiga Mendoza analizaba el caso que le fue presentado para determinar si se iniciaba el proceso penal y, en su caso, las medidas cautelares por aplicar, parecía que reclasificaría el delito por falta de elementos y colocar en lugar de lavado de dinero el uso indebido de atribuciones y facultades.
El punto central de lo que ocurrió estos dos últimos días en el caso Lozoya, es que el exdirector de Pemex se acogió a un acuerdo en el que acepta que se le someta a juicio en el que aspira a demostrar su inocencia u obtener una condena muy baja que ni siquiera lo lleve a prisión, basado en la idea de que a él lo usaron y no pudo evitarlo. Es decir: fue uno de los peores directores de Pemex que ha tenido este país.
El que la Fiscalía obtuviera el plazo máximo para cerrar la investigación, en total seis meses, le permitirá en este tiempo citar a declarar como testigos a funcionarios y exfuncionarios de Pemex, de Hacienda, de la Función Pública y de la propia Fiscalía; incluso a exsecretarios de Estado y hasta los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y ninguno se podrá rehusar y tendrán que decir todo lo que saben. Parte de estos testimonios ya están incluidos en la estrategia que ha diseñado a partir de lo que declarará Emilio “L”.
Esta pasarela permitirá administrar el caso rumbo a las elecciones y así garantizar control del Congreso y mayor control territorial en los estados; así como distraer a los habitantes de los peores momentos que pueden venir por los contagios de la Covid-19, y de la crisis económica que apenas cobra fuerza.
Aunque sin duda, si hay voluntad, la madeja de intereses y corrupción podría ser desarticulada, sólo falta ver si va en serio el combate a la corrupción en este y otros casos. Sin chivos expiatorios, sin espectáculo, simplemente justicia.