María Idalia Gómez

La apropiación de los militares de las actividades que tradicionalmente llevaban a cabo civiles, a simple vista, es una militarización de la operación del Estado, pero es más que eso; aunque desde Palacio Nacional aseguran que es de alguna forma lo contrario.

El caso más evidente de esta absorción de tareas, es el de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que dirige Rosa Icela Rodríguez y la Guardia Nacional (GN) que se supone bajo su mando, a través del general Luis Rodríguez Bucio. Tres años después de que se renombrara y reorganizara esta área, que antes era la Policía Federal, la cual aseguran encontraron muy contaminada (aunque nunca han informado a cuántos de sus jefes, directores o altos mandos han sancionado por ello o incluso acusado penalmente), le pasaron el mando al Ejército, y ahora está consumando el último tramo del plan: dejar la menor proporción, 20% de elementos civiles antiguos dentro de la corporación, y que sean jóvenes moldeables o que tengan especialidades que los militares o marinos no puedan atender.

Se plantea para el primer trimestre del próximo año que los expolicías federales mayores de 50 años o que por su perfil sean de riesgo por estar en mandos queden fuera de la Guardia Nacional. Para lograrlo se les está haciendo renunciar de forma “voluntaria”, previo aviso que podría dárseles de baja con base en los artículos 34 o 79 de la Ley Orgánica de la GN. El primer apartado plantea la separación, si no se cumple con la edad en relación a su jerarquía o rango; y el segundo es para aquellos que se resistan a renunciar, y entonces se les aplica el delito de desobediencia de una orden superior. 

En realidad todos los expolicías federales, quienes por cierto ya habían pasado exámenes para su permanencia en la Guardia Nacional, están acepando su salida, a cambio les están pagando poco más de30 mil pesos por año de antigüedad, además de pagos de aguinaldo y otras prestaciones; lo que significa que algunos se llevarán de entre 400 mil hasta poco menos de un millón de pesos por dejar sus cargos. Por ahora suman unas dos mil renuncias en los últimos meses que tendrán efecto el 31 de diciembre próximo. Para el primer trimestre del próximo año sería el doble, calculan.

Los argumentos de los militares es que se trata de personal que no se puede rescatar y es mejor que se integren nuevos equipos. Aunque como requisito de ingreso es que tengan alguna recomendación de las Fuerzas Armadas de forma directa o indirecta.

Esta estrategia de llenar todos los puestos con personal militar en el que sí confían, no es exclusivo de esa secretaría ni de tareas de seguridad federal, ni de los aeropuertos, puertos o vías férreas; también están ocupando los cargos operativos y administrativos en migración, aduanas, reclusorios e inteligencia civil; además de seguridad estatal y municipal.

Esta apropiación de las tareas tradicionalmente civiles y que antes estaban seccionadas para no crear concentraciones de poder y sí la capacidad de supervisar unas instituciones con otras, coloca al Ejército con una dimensión, nunca antes vista, de tener acceso y disponibilidad de información sensible que cualquier otra área del Estado, de no tener otras áreas que lo regulen, sino que se autoproteja, y de una mayor exposición al riesgo de corrupción.

Es muy interesante que la visión de Palacio Nacional no es sólo que particularmente el Ejército sea una institución en la que confía el presidente Andrés Manuel López Obrador y de la que quiera aprovechar su articulación y disciplina; sino que al mismo tiempo considera que es una forma de quitarle su poder armado, desmilitarizarla, y colocarla en mayor contacto con la sociedad a la que deben servir. 

Una aventura muy arriesgada la que emprendió el mandatario, porque además de los riesgos ya mencionados, implica que todo lo que un Estado había invertido en servidores públicos que se puede probar su honestidad y su especialización, está siendo descartado y colocando sus conocimientos en otros lugares en los que sí saben para qué sirven los conocimientos, calificación y calidad de la información. 

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