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principio parecía que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) estaba destinada a convertirse en un hueco edificio porque su presidenta, Rosario Piedra Ibarra, estaba más dedicada a agradar al presidente, Andrés Manuel López Obrador, integrar un equipo cuestionado, y reducir su actividad sustancial al mínimo. Pero ahora, dos años después de su nombramiento, parecería que la CNDH transita para convertirse en un instrumento de revancha.
La última acción que refuerza esta idea es el Acuerdo de la presidencia de la Comisión y que anuncia “la apertura de un nuevo expediente de queja sobre nuevos hechos y elementos respecto a la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero”, fechado el 18 de octubre pasado.
A primera vista parecería una buena noticia, sólo que violenta la ley y se ensambla, de facto, en las actuaciones de la Fiscalía General de la República, en lugar de supervisar su trabajo.
La normatividad prohíbe a la CNDH reabrir expedientes y casos en los que ya se determinaron, mediante una Recomendación, violaciones a los derechos humanos, y recordemos que en el caso de los 43 normalistas existe una Recomendación, que no ha sido cumplida por la Fiscalía y otras autoridades.
Para que pudiera reabrirse un expediente de queja es sólo si el primero ya se considerara cerrado, de acuerdo a la Ley Orgánica de la CNDH y su Reglamento. Es por eso que a la presidenta del organismo se le ocurrió (o quizá a la Fiscalía), emitir un Acuerdo que se basa en un artículo que no existe, el 108 bis, en el Reglamento Interno de la CNDH.
Al menos del reglamento publicado no existe ese articulado, y en caso de haberse modificado en las últimas fechas necesitaría que el Consejo Consultivo de la Comisión lo hubiera aprobado, de acuerdo con la Constitución y la Ley orgánica. Pero ese órgano prácticamente no existe desde 2019: una parte de los integrantes del Consejo Consultivo renunciaron al cargo y los que quedaron concluyeron ya su encargo. El Senado, hasta ahora, no ha nombrado a los nuevos miembros.
Ese supuesto artículo 108 Bis faculta a Piedra Ibarra a revisar y reabrir las recomendaciones emitidas por violaciones graves a los derechos humanos, en caso de nuevos elementos o que hayan sido insuficientes las indagatorias anteriores. Pero es el tiempo que la CNDH, que no ha explicado públicamente cuáles son los errores o faltas cometidas por el propio organismo en el pasado, y mucho menos qué elementos nuevos existen.
Con este Acuerdo se crea una dirección Especial para el Caso Ayotzinapa, que estará adscrita a la Dirección General de la Primera Visitaduría General. Es algo extraño, porque si tanto le importa este caso, la presidenta le diera este bajo nivel, el de una dirección; en lugar de dejar abierta la Oficina Especial que tenía el nivel de visitaduría y con ello mayor capacidad de acción legal.
Si la anterior Recomendación, la que está vigente y no ha sido cumplida, fuera algo que los nuevos en la CNDH consideran que se debe tirar a la basura (aunque el subsecretario Alejandro Encinas al principio reconoció que era uno de los soportes de las nuevas pesquisas y contiene mucha información validada por los peritos argentinos y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) ¿es necesario desecharla totalmente y restarle fuerza a un área para que continúe investigando?
Aunque menciona el Acuerdo que como soporte considera que en junio pasado los papás de los estudiantes solicitaron la apertura de un nuevo expediente del caso y luego la nueva información obtenida por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, pero es muy interesante que desde también se refiere, y lo hace desde el principio, que se emite “atendiendo a los informes y recomendaciones” del GIEI, cuyos miembros prácticamente coordinan las pesquisas, casi dándole órdenes al fiscal Omar Gómez Trejo.