La cuenta regresiva para la unidad de investigación para el caso Ayotzinapa, que dirige Omar Gómez Trejo, comenzó. Llevan días preparando un anuncio que esperan sea espectacular sobre “avances significativos” del caso.
Les apura el presidente Andrés Manuel López Obrador, que quiere quitarse esa carga de encima, un caso no resuelto, y ofrecer a los padres de los 43 normalistas las respuestas sobre sus hijos que no tienen.
Tal parece que en esta intención de dar a conocer nueva información se incluye la confirmación de la identidad de algunos de los estudiantes a través de supuestos restos descubiertos por el equipo de Gómez Trejo; nuevos testimonios de criminales supuestamente arrepentidos que dirán, ahora sí, la verdad, y acusarán a autoridades como escapatoria; y la acusación penal o administrativa contra más funcionarios que habrían ocultado la verdad verdadera.
Pero el paradero de todos los normalistas y una narrativa integral de lo que ocurrió en la noche de Iguala todavía no la darán, porque no es conveniente. Han dicho que aún tienen que verificarla, pero el presidente se impacienta.
Lo cierto es que su nueva versión de los hechos todavía no pueden cuadrarla del todo pero ya comenzó a hundirse poco a poco, y al interior del gobierno están preocupados.
Para darse una idea, el 4 de septiembre fue detenido Patricio Reyes Landa, El Pato, señalado como integrante de Guerreros Unidos y quien de acuerdo a testigos, al seguimiento de su teléfono y a su confesión, participó de forma directa en el interrogatorio, asesinato y desaparición de los estudiantes. Sólo que salió libre porque un tribunal consideró que su confesión fue arrancada bajo tortura. Ahora lo volvieron a detener por portación de arma, pero como no es delito grave seguirá su proceso en libertad. Aseguran varias fuentes que funcionarios de la Fiscalía General de la República le han ofrecido convertirse en testigo colaborador y obtener beneficios a cambio de que aporte información sobre el caso de los normalistas, especialmente contra exfuncionarios.
Es decir, sumarán un nuevo testimonio de un presunto criminal, a cambio de obtener las pruebas que no tienen.
Una de sus acusaciones centrales es que se construyó la llamada “verdad histórica” para proteger un andamiaje criminal que involucraba a funcionarios de los tres niveles de gobierno, por eso solicitaron las órdenes de aprehensión, que le fueron concedidas, contra varios exfuncionarios por diferentes delitos, pero el más importante, desaparición forzada.
De acuerdo a su razonamiento, esos exfuncionarios con sus acciones y omisiones colaboraron con la desaparición de los normalistas. Es por eso que Gómez Trejo necesita demostrar, a toda costa, que no sirven de nada las investigaciones de la entonces Procuraduría General de la República y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en muchas de las cuales, por cierto, participaron los peritos argentinos y el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI), quienes ahora se sumaron a la cruzada de Omar Gómez.
Sin embargo, un juez ya determinó que es imposible esa teoría, no sólo porque la ley no es aplicable de forma retroactiva, sino porque no presentaron las pruebas para sustentarla. Y es aquí donde comenzó a hundirse su historia, y sus planes. López Obrador aún no lo sabe.