En los últimos días, la Fiscalía General de la República filtró a Milenio el primero de los 40 videos que encontraron en los archivos del Centro Nacional de Seguridad (Cisen), sobre el caso de Iguala. En el lenguaje utilizado por el fiscal Omar Gómez Trejo y el subsecretario Alejandro Encinas, se trata de material inédito que hace poco fue localizado, algo parcialmente cierto y más interesante de lo que ellos han querido mostrar.
Entre 2015 y 2018, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó insistentemente al Cisen entregara la información que poseía sobre Ayotzinapa. Se contaba con datos de que unos interrogatorios, durante la gestión del procurador Jesús Murillo Karam, se filmaron por esa área de inteligencia que dirigía Eugenio Imaz, oficina que respondía directamente al secretario de Gobernación, entonces titular el ahora senador Miguel Ángel Osorio Chong. Además de contar con investigaciones propias sobre Guerreros Unidos, Los Rojos y la Normal Isidro Burgos. El Centro no respondió a los requerimientos de la CNDH. Tampoco se integró al expediente, los únicos que sabían de esas grabaciones en PGR fueron Murillo Karam y Tomás Zerón.
Estas videograbaciones, cuyo número exacto se desconoce —por la absoluta falta de transparencia que ahora rodea las indagatorias del caso Iguala—, están en poder de Gómez Trejo desde el año pasado. Los oficios del Cisen y las filmaciones se ofrecieron como prueba en la acusación contra Zerón para tratar de acreditar la tortura provocada hacia, al menos, tres detenidos señalados como integrantes de Guerreros Unidos.
Pero no todos esos videos demuestran que los acusados de la desaparición de los estudiantes fueron presionados para construir una versión histórica. Personas que conocen las investigaciones actuales aseguran que si se permitiera ver los videos completos, se descubriría que se trata de interrogatorios en manos del área de Tomás Zerón, donde están presentes sus policías ministeriales.
¡Y, sorpresa!, también elementos de la Marina y del Ejército que detuvieron a algunos de los acusados, y elementos de la Policía Federal y del Cisen. Y en los largos minutos de grabación, sólo en algunos de ellos aparecen agentes ministeriales en la parte final, prácticamente cuando les hacen entrega del detenido, y no participaron en los interrogatorios. Pero Gómez Trejo ha filtrado las partes en donde no se aprecia todo eso.
¿Cómo se dieron estos videos?, de acuerdo a los oficios del Cisen, incluidos en las investigaciones, y a la información disponible, los agentes del Centro cumplieron órdenes de Imaz y Gerardo Elías García Benavente (exsecretario general del Cisen y quien realmente operaba la institución en los tiempos de Enrique Peña Nieto).
Acudían a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), cuando se reportaban desde la oficina de Zerón que tenían algún detenido vinculado al caso Ayotzinapa. La justificación para grabar esos videos, audios y hacer sus propias indagatorias, era colaborar y supervisar las pesquisas del entonces director de la AIC, quien sólo reportaba a Murillo Karam y luego directamente a la Presidencia de la República. De la filmación de estas entrevistas tenía pleno conocimiento, porque le informaban, Osorio Chong.
Es decir si esos videos —siguiendo el discurso de Gómez Trejo—, demostrarían la tortura y la siembra de la llamada verdad histórica, cuyo artífice principal sería Tomás Zerón, pero entonces con la complicidad de Osorio Chong, Imaz, García Benavente, elementos de la Marina y del Ejército. Sin embargo, la oficina del fiscal sólo filtra las partes que le conviene para darle un poco de forma a su llamada nueva investigación.
Es evidente que se cometieron abusos y hasta delitos en los inicios de las investigaciones federales que hace cinco años expuso la CNDH. Igual de dañino es que sólo se filtre información sesgada y, peor aún, que se pretenda establecer una nueva versión sin incluir a todos los actores, en este caso a los ya mencionados, quienes no han sido citados a declarar por el caso Ayotzinapa.
Es igual de grave que en el discurso de Gómez Trejo se quiera hacer creer que la decena de servidores públicos contra los que hasta ahora se ha girado orden de aprehensión, estarían involucrados en casos de tortura, siendo falso.
Más dudas genera que Alfredo Higuera Bernal (ahora el subprocurador que acusa a científicos de delincuencia organizada), quien fue el único fiscal del caso Iguala que permaneció el mayor tiempo investigando (más de dos años), tal parece que en tanto tiempo no vio las torturas, ni estos videos del Cisen, ni pudo hacer sólidas acusaciones contra los integrantes de Guerreros Unidos, ni encontrar los restos de la Barranca de La Carnicería, y él no es cuestionado por Gómez Trejo.
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