Entre la información que las agencias de Estados Unidos han hecho llegar a México, destaca la peligrosa simbiosis que se ha construido entre dueños de minas en el país y grupos criminales. Para estas oficinas del país del norte las organizaciones funcionan, en este caso, como grupos de guardias blancas que protegen la explotación de los recursos mineros que salen del país sin registro alguno, especialmente rumbo a Asia. El mejor ejemplo, pero no el único, es Guerrero.
Y una asociación peor, aseguran, vinculada indirectamente con la operación irregular de minas es la protección de cargamentos procedentes de Asia de fentanilo, los químicos que lo acompañan y que no son detectados y que permiten elaborar los cargamentos de drogas que llegan a territorio estadounidense. También el mejor ejemplo es Guerrero, dicen las agencias.
Datos precisos no han sido entregados a los funcionarios mexicanos, pero sí los han deslizado en reuniones, principalmente desde la CIA.
Después de que el gobierno estadounidense entregó a la Fiscalía General de la República (FGR) documentos vinculados al caso Ayotzinapa, en reciprocidad espera recibir información de esos grupos que, justo en Guerrero, se han empoderado gracias a las minas, al fentanilo y a la tradicional amapola. Y esperan resultados pronto.
Pero en la Fiscalía, quienes tienen a cargo las investigaciones por la desaparición de los 43 normalistas no han comprendido el compromiso que han adquirido, y con ello la dimensión de su responsabilidad. Insisten, como se vio en las entrevistas que tuvo Omar Gómez Trejo (jefe la de Unidad para el caso Ayotzinapa), que se concentran en generar una percepción de un aparente cambio y en crear confusión.
Fueron nuevamente los padres de los estudiantes desaparecidos los que pusieron un dique a esta ideologizada actuación en el caso, y exigieron esta semana que investiguen ya la vinculación de los líderes normalistas con el narcotráfico, por ejemplo, y que les digan exactamente qué pasó con sus hijos.
La violencia en toda esa zona de Guerrero y toda la sierra no ha frenado, al contrario, es peor, y los grupos criminales siguen apoderados de muchas comunidades. Los laboratorios clandestinos, el tráfico de drogas y minerales siguen. En este momento, la investigación sobre lo ocurrido a los normalistas, que debería acompasarse con el área de delincuencia organizada de la FGR, debería haberlos llevado de manera natural, si es que fuera algo serio, a contar con un mapa muy detallado de las estructuras criminales de la zona, su forma de operar, vínculos, zonas de influencia y financiamiento, para disolver su poder, detenerlas y capturar a los responsables (incluidos funcionarios y exfuncionarios si es el caso), y conocer el paradero de los jóvenes, y de decenas de desaparecidos que los mismos grupos han provocado. Y entonces recuperar el control de las instituciones y una mayor tranquilidad para las comunidades.
Pero no, quizá no hay esa estatura de miras, ni desde la Fiscalía, ni desde la Secretaría de Gobernación. Gómez Trejo ha resultado el menos transparente de los investigadores del caso, por eso es válido hacerle algunas preguntas que en algún momento deberá de responder:
¿Cuántas veces ha intentado consignar a presuntos responsables y le han negado las órdenes de captura?, ¿cuántas órdenes de aprehensión ha obtenido y de ellas especifique cuántas son de funcionarios o exfuncionarios federales, estatales o municipales, y cuántas de miembros de grupos criminales? ¿Cuántas de esas órdenes derivan del perfeccionamiento de la indagatoria en los casos que se dictó libertad bajo reserva?,
¿cuántas de esas órdenes de capturan derivan de las denuncias formuladas por la CNDH?, ¿cuántas de las órdenes de aprehensión obtenidas por anteriores administraciones están vigentes?
¿Qué pasó con los 114 restos que CNDH y los peritos argentinos determinaron debían ir a Innsbruck (incluya los documentos que avalen esa actuación)?, ¿cuántos testigos mantienen bajo protección y qué beneficios tienen y se les han ofrecido? ¿Pueden hacer públicos los videos que muestren el hallazgo y la recolección de restos de la Barranca de la Carnicería?, ¿sobre qué línea de investigación aportan información los documentos de Estados Unidos?, ¿saben que están violando la ley al no transparentar el expediente del caso? Y ¿cuál es la nueva narrativa del caso, qué pasó con los estudiantes?