María Idalia Gómez

Si las revisiones, denuncias y auditorias han disminuido en la Secretaría de la Función Pública, y si la mayoría del expediente de la Fiscalía General de la República se va al archivo, entonces en qué soporta este gobierno sus argumentos de lucha contra la corrupción y la impunidad. 

El Segundo Informe de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene pequeñas joyas, una de ellas es la estrepitosa caída en el trabajo de la Secretaría de la Función Pública, algo muy grave siendo la institución rectora (así se asume), del sistema anticorrupción.

Repasemos. Si bien hasta junio se reportan recuperaciones por posibles actos de corrupción que suman 1,596.9 millones de pesos y representa más del doble que el año pasado, pero aún así representa el quinto monto más bajo en 20 años.

El informe señala que la secretaría ha hecho este año 306 auditorías gubernamentales, es el número más bajo desde el año 2000. Y los casos de presunta responsabilidad se desplomaron respecto al año anterior, en casi una tercera parte, quedando por ahora en tan sólo 265.

Sigamos. En cuanto al rubro de sanciones impuestas a proveedores y contratistas van 57 resoluciones emitidas, lo que representa apenas el 10% de un solo año del sexenio anterior. Pero además, en 42% de ellas ni siquiera se impuso sanción.

De ese universo, de los que recibieron sanción, 22 fueron impugnadas, y aquí un número muy interesante, de ellas la Secretaría de la Función Pública sólo fue eficaz en el 54%, el resto las perdió en los tribunales.

Por cuanto hace a licitantes, proveedores y contratistas, la secretaría impuso sanciones en total por 10 millones 40 mil 776 pesos. Se trata del menor monto aplicado en 19 años.

Y si ya nos metemos más, sobre las sanciones y responsabilidades impuestas a servidores públicos los números son peores. Todos son los más bajos en 20 años.

Por ejemplo, esta administración impuso, hasta junio, 516 sanciones y se recibieron apenas 288 denuncias que equivale al 10% del último año de Enrique Peña Nieto. Y si le seguimos, sólo se aplicaron 218 sanciones por anomalías en la situación patrimonial de funcionarios, que corresponde al 1.9% de los resultados comparados con el segundo año de la gestión anterior. Porcentajes similares se dan en sanciones impuestas por negligencia administrativa y abuso de autoridad, son los más bajos en 20 años.

De acuerdo a los anexos estadísticos del informe, parecería que los funcionarios ya dejaron de ser deshonestos, porque no hubo un solo caso en ese apartado. 

Y en errores en su declaración patrimonial, apenas 222 tuvieron problemas y fueron sancionados, a diferencia del pasado que, por año, eran entre mil 900, cuatro mil 500 o más de 11 mil, el número de funcionarios con algún tipo de sanción.

Uno de los datos que más presume la secretaría es que se impusieron mayores  sanciones económicas hasta 195 millones 103 mil 127 pesos, ha funcionarios con faltas administrativas, pero se ignora si fueron impugnados en tribunales o ya fueron cobradas por el SAT.

Algo similar ocurre en la Fiscalía General de la República, que de acuerdo al informe dejó de investigar. En el primer semestre de este año atendió en total 48 mil 660 carpetas de investigación, de este universo casi en el 72% no hizo nada, las archivó. Es decir, siete de cada 10 expedientes. Y adicionalmente 14.7% de los legajos lograron llegar a un juicio. 

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