La nueva embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, tiene en su agenda un tema que se ha definido como de suma prioridad y debe impulsar: la amplificación de operaciones de rastreo en campo y el establecimiento de nuevas tecnologías en pasos migratorios que coordine directamente el Buró Federal de Investigaciones (FBI), para la detección de objetivos catalogados como terroristas.
A fin de agilizar el tema, la negociaciones de los representantes estadounidenses se llevan directamente en Los Pinos y para ello fue designado el director jurídico de la presidencia Humberto Castillejos, uno de los hombres de más confianza del presidente Enrique Peña Nieto.
El objetivo para Estados Unidos es identificar el posible ingreso a territorio nacional de células del autodenominado Estado Islámico (ISIS), que intenten llegar al país del norte o atacar blancos estadounidenses. Pero también utilizarán estos mecanismos para identificar a traficantes mexicanos o extranjeros (colombianos, rusos y asiáticos) con perfiles de alta peligrosidad o de gran impacto económico.
En lo que han avanzado mucho las agencias norteamericanas es en tener una relación muy cercana con el Instituto Nacional de Migración (INM), al que entregan información clave para detener a objetivos específicos y llevar a cabo investigaciones que les permitan identificar el tejido de redes de tráfico de personas, para tener capacidad de inhibir alguna penetración que, en uno de los peores escenarios, lograra ISIS en el territorio.
Es por ello que, desde hace varios meses, los agentes americanos comenzaron a utilizar uniformes del INM, con los que participan en operativo que les son de interés, ya sea por la estructura criminal de los polleros, por las nacionalidades que involucra o porque identifican vínculos con otras organizaciones mafiosas nacionales o internacionales.
Este trabajo conjunto con el Instituto Nacional de Migración le ha servido a Estados Unidos para establecer un cerco más próximo a la frontera sur mexicana de la migración centroamericana y asiática, y así impedir que llegue hasta su propia frontera, lo que abarata costos de operaciones y le permite un control migratorio más riguroso. Esto explica que hace unos días el Departamento de Justicia de Estados Unidos en su informe “Reporte de los Países sobre Terrorismo” (Country Report on Terrorism), destacara que “para proteger nuestras fronteras compartidas realizamos intercambios regulares de información de inteligencia y otros datos”, además que México ha recibido entrenamiento y equipo, y con todo ello las detenciones de indocumentados en la frontera con Guatemala han aumentado.
Pero Jacobson va por más. Lo que se negocia en la Presidencia de la Republica es que el FBI pueda operar un sistema similar al que se tiene en aeropuertos y pasos migratorios en su territorio, bajo el argumento de que enseñarán a los funcionarios mexicanos a operarlo, y que es indispensable ante los riesgos terroristas que se enfrentan. No tienen confianza en los funcionarios mexicanos y, además, controlar los ingresos a territorio, permite tener acceso a información vital, tanto económica como política y, por supuesto, criminal.
No es la primera vez que el gobierno de Estados Unidos intentan algo así, pero es la primera vez que se amplían las negociaciones para consumar esta operación bajo el amparo del todavía vivo Plan Mérida. En este punto, los americanos serían los más beneficiados, pero habría otros dos. Por un lado, Ardelio Vargas Fosado, titular del INM, quien mantendría el cargo y con mas recursos económicos que ahora no tiene; y en segundo lugar Castillejos, quien aún mantiene la esperanza de ser el Fiscal General en sustitución de la procuradora Arely Gómez, y le serviría tener una palomita de parte de los estadounidenses.