Luego de que militares denunciaran al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por hostigamiento en el Caso Tlatlaya, la CNDH aclaró que el actuar del Ombudsman Nacional se desenvuelve conforme a ley.
A través de un comunicado, precisó que su presidente, Luis Raúl González Pérez, determina la existencia de violaciones a los derechos humanos de las personas amparados por el orden jurídico mexicano en el ámbito de las atribuciones que le otorgan el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la Ley Orgánica de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y demás disposiciones aplicables.
Por lo anterior el Organismo Nacional explicó que respecto al Caso Tlatlaya, con fecha 21 de octubre de 2014, se emitió la Recomendación 51/2014, “misma que en los puntos recomendatorios dirigidos al General Secretario de la Defensa Nacional y al Procurador General de la República, estableció la necesidad de que se investigaran y deslindaran en el ámbito penal las responsabilidades en que habrían incurrido los implicados que participaron en los hechos ocurridos el 30 de junio de 2014 en Cuadrilla Nueva, Comunidad de San Pedro Limón, Municipio de Tlatlaya, Estado de México, mismos que dieron origen a esa Recomendación y que fue aceptada en todos sus términos”.
Especificó que la recomendación establece expresamente la necesidad de que se tomen en cuenta las observaciones contenidas en la Averiguación Previa y fue dirigida a la PGR.
Recordó que la resolución emitida en días pasados por el Sexto Tribunal Unitario del Segundo Circuito “no constituye un pronunciamiento sobre el fondo del asunto y su contenido aludiría a insuficiencias en la actuación de la Procuraduría General de la República (PGR)”.
De acuerdo a la Recomendación 51/2014, el Organismo Nacional acreditó la existencia de violaciones graves a los derechos humanos de las personas, mismas que constituyen un agravio a la sociedad y que en razón de ello deben ser valoradas en el ámbito penal. Por lo que continuará dando seguimiento al cumplimiento que se dé a dicha Recomendación “hasta que la verdad, la justicia y la reparación sean una realidad para todas las víctimas y se hayan deslindado las responsabilidades que, en su caso, procedan derivadas de los hechos ocurridos el 30 de junio de 2014".
Finalmente, la CDNH reiteró que el artículo 13 de la Ley Orgánica de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sostiene que su Presidente, así como los Visitadores Generales “no podrán ser detenidos ni sujetos a responsabilidad civil, penal o administrativa, por las opiniones y recomendaciones que formulen, o por los actos que realicen, en ejercicio de las funciones propias de sus cargos que les asigna esta ley.”