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Luis León

En 33 meses de gestión, Silvestre de la Toba Camacho, ombudsman de Baja California Sur, emitió 33 recomendaciones, y con ello prácticamente duplicó el número que su antecesor registró por casos de violaciones a derechos humanos en la entidad.

Los expedientes que investigó se relacionaban con el trato digno a estudiantes y, con mayor intensidad, abusos de autoridad, detenciones arbitrarias y hasta desapariciones forzosas cometidas por policías municipales. Son estas investigaciones y otras que estaban en curso, de las que se desprenden las primeras líneas de investigación por el asesinato de De la Toba, ocurrido poco antes de la siete de la noche del lunes 20 de noviembre, cuando viajaba con su esposa Silvia, de 47 años, y sus dos hijos, Silvia, de 17 años, y Fernando, de 20 años, que también murió en el ataque.

Este crimen se convirtió en el primero cometido contra un presidente de Comisión estatal de Derechos Humanos en el país, desde que se comenzó la fundación de estos organismos públicos en 1990.

Recibirá homenaje

De la Toba Camacho era un abogado reconocido y respetado en Baja California Sur. Fue secretario general del PRD en La Paz y se convirtió en 2008 en diputado local por el Partido Nueva Alianza, al que renunció y se declaró independiente. En 2011 que dejó la legislatura se dedicó al ejercicio privado, hasta que el 17 de febrero de 2015 fue elegido ombudsman local.

Personas que lo conocieron de cerca aseguran que era un profesional dedicado, amable y honesto. Atribuyen el incremento de las recomendaciones no sólo a su trabajo constante, sino a las condiciones de inseguridad y violencia que desde hace tres años se intensificaron en Baja California Sur. Escenas nunca antes vistas en las calles, como automóviles en movimiento disparando a restaurantes o bares; comandos que persiguen vehículos por las calles de La Paz o poblados conurbados o que ingresan a inmuebles para asesinar a familias completas o la aparición en la calle de cuerpos desmembrados, y reportes de personas desparecidas se vuelven cada vez más cotidianas.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación, entre enero y octubre de este año se han registrado 536 víctimas de homicidio doloso en el estado. Tan sólo en octubre, el número de personas asesinadas fue de 135.
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El crecimiento es exponencial si se considera que en todo 2014 se cometieron 84 asesinatos en todo Baja California Sur; es decir, creció seis veces en tan sólo tres años.

En lo que va de 2017, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHBCS) había emitido cinco recomendaciones: una dirigida a la Secretaría de Educación Pública de la entidad, por violación al derecho a la igualdad y trato digno, inadecuada prestación del servicio público en materia de educación y abuso de autoridad; dos más al ayuntamiento de La Paz, por “violación al derecho a la igualdad y al trato digno, discriminación, violaciones al derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica y ejercicio indebido de la función pública”; así como una más dirigida a la Secretaría de Seguridad Pública del misma municipalidad, en contra de elementos pertenecientes a la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito municipal “por violación al derecho a la igualdad y al trato digno, detención arbitraria, violaciones al derecho a la integridad y seguridad personal”.

Este mismo año, el ombudsman emitió dos recomendaciones al ayuntamiento de Mulegé, por “la detención arbitraria, retención ilegal, privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad y uso ilegal de la fuerza pública, desaparición forzada de personas”, responsabilizando por estos hechos al subdirector operativo de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito municipal de Mulegé, agentes y un comandante de la Policía Ministerial del estado, y otra más por “detención arbitraria, retención ilegal, incomunicación, abuso de autoridad y uso ilegal de la fuerza pública y lesiones”.

En 2015, la Comisión emitió 12 recomendaciones y para el año siguiente sumaron 16. Para dimensionar el crecimiento de los casos de violaciones a derechos humanos en la entidad, la administración anterior de la CEDHBCS emitió entre 2012 y 2014, un total de 18 recomendaciones.

La violencia en este estado del país se adjudicaron a la disputa que tienen los cárteles de la droga por el control de la venta y trasiego de enervantes. Incluso, el gobierno de Estados Unidos ha emitido alerta de viaje a sus ciudadanos que quieran ir a Los Cabos, uno de los destinos turísticos más importantes de México y en donde residen o vacacionan un número importante jubilados estadounidenses.

Las autoridades estatales se comprometieron a resolver el caso; ante la gravedad de lo ocurrido y los cuestionamientos nacionales e internacionales, el presidente Enrique Peña Nieto debió subrayar que su gobierno respalda la labor de los ombudsperson en el país.

Este jueves, De la Toba tendrá una ceremonia en el templo masónico al que pertenecía, recibirá un homenaje de cuerpo presente en el Congreso estatal; al final se celebrará una misa en la Catedral de la Paz.

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