ONGs buscan fortalecimiento de fiscalización del gasto público
CIUDAD DE MÉXICO, 18JUNIO2019.- David Colmenares Páramo, titular de la Auditorio Superior de la Federación, y Margarita Ríos Farjat, titular del Sistema de Administración Tributaria, firmaron un convenio de colaboración para la actualización de la Firma Electrónica Avanzada (e.firma) que será un medio de autenticación o firmado de documentos digitales para los trámites que lleva cabo la la ASF. FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM
/Moisés Pablo/Moisés Pablo
Entre otras cosas, se busca que se tenga un informe sobre el estado que guardan las denuncias ante las Fiscalías y que se dé seguimiento a los casos de corrupción detectados
Transparencia Mexicana, México Evalúa y la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey propusieron una serie de modificaciones para que el sistema de fiscalización del gasto público tenga una mayor independencia política y un mecanismo para su evaluación.
A través de 15 puntos, las organizaciones no gubernamentales propusieron modificaciones a la Auditoría Superior de la Federación y otros órganos fiscalizadores en términos de transparencia, efectividad, así como efectos anticorrupción y reducción de la impunidad.
Entre sus planteamientos se encuentran el realizar un seguimiento y vigilancia efectiva de estos órganos de fiscalización desde la Cámara de Diputados, los congresos estatales y las unidades de evaluación y control.
En cuanto a la transparencia, se solicita ampliar la participación social, civil y comunitaria en la integración del programa anual de auditorías, así como la incorporación de la figura de “auditorías especiales o en tiempo real”.
Ello, indicaron, daría cabida a preocupaciones sociales o emergencias en las que se suspenden los controles y mecanismos de fiscalización habituales.
Frente a los errores que la ASF reconoció recientemente, se propone una revisión independiente de los criterios, fórmulas y algoritmos para la definición del Programa anual de auditorías.
También se busca mejorar los criterios para definir el tipo de auditorías; garantizar la pertinencia de las auditorías; incrementar la transparencia del proceso de fiscalización y no sólo de sus resultados.
Que los informes parciales y final de resultados, así como su calendario tengan una mejor calidad, y sean presentados en lenguaje apropiado para diferentes comunidades y grupos sociales interesados.
Las organizaciones también contemplan que se transparente la unidad de investigación y substanciación de las faltas administrativas detectadas, que se informe detalladamente sobre la situación legal que tienen las denuncias ante las Fiscalías.
Dar seguimiento a los daños patrimoniales detectados, mismos que deberán estar sustentados de manera efectiva, hecho que deberá informarse al Congreso.
Y finalmente, apuntan que el trabajo de fiscalización debe estar relacionado con los órganos legislativos, para que los problemas de política pública puedan ser corregidos y para evitar dar recursos públicos a rubros en donde más se detectan anomalías. CJG
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