ONU-DH pide derogar iniciativa contra noticias falsas en Puebla
El representante de la ONU-DH en México, Jesús Peña Palacios pidió al congreso derogar los textos propuestos por Nora Merino y Gabriel Biestro por representar un retroceso en materia de DD.HH.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) urgió al Congreso de Puebla rechazar la iniciativa de Decreto presentada el 27 de abril de 2020 con la cual se promueve castigar con cárcel a aquellas personas que difundan noticias falsas y a quien, siendo portador de Covid-19, ponga en riesgo de contagio a otra persona.
La ONU-DH señaló que la reforma a los artículos 165 y 213 del Código Penal del Estado de Puebla propuestas por los diputados Nora Yessica Merino Escamilla de Encuentro Social y Gabriel Juan Manuel Biestro, de Morena, representan un retroceso para la protección de los derechos humanos, en caso de ser aprobadas.
“Las propuestas relativas a ambos artículos resultan incompatibles con el derecho internacional de los derechos humanos y con las obligaciones constitucionales en la materia derivadas del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, señala Jesús Peña Palacios, representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en una carta enviada a ambos legisladores.
En el caso de la reforma al artículo 213, los legisladores proponen imponer una pena de cinco a 10 años de prisión y multa de cien a trescientos días a la persona que “sabiendo que padece un mal venéreo o cualquier otra enfermedad crónica o grave (…) pusiere en peligro de contagio la salud de otra persona”.
Asimismo, se indica que la pena aumentará hasta en una mitad cuando el delito se consumase por omisión de recomendaciones de autoridades sanitarias nacionales u organismos internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.
En este tenor, la ONU-DH señaló que en el documento ‘Directrices de derechos humanos para medidas de emergencia durante la pandemia de COVID-19 en México’ indica que las medidas de emergencia deben estar encaminadas a garantizar la salud pública durante la emergencia sanitaria mediante la estrategia menos intrusiva posible.
En el caso de la reforma al artículo 165, los legisladores del PES y Morena propusieron dar dos a 12 años de cárcel y una multa de 200 días de salario a quien “haciendo uso de cualquier medio de comunicación difunda noticias que siendo falsas las haga aparecer como ciertas y produzcan alarma, temor, terror en la población o en un grupo o sector de ella, para perturbar la paz pública, tratar de menoscabar a la Autoridad Estatal o Municipal o presionar a cualquiera de ellas para que tome una determinación”.
Además, se añade que esta misma sanción se aplicará a quien por cualquier medio de comunicación o plataformas digitales, genere miedo, temor o confusión en la población, esto en el contexto de una situación de emergencia sanitaria, epidemia de carácter grave, peligro de invasión de enfermedades transmisibles, situaciones de emergencia, catástrofe que afecten al país o cualquier otra causa de fuerza mayor que afecte al Estado.
En este sentido, la ONU-DH declara que esta iniciativa de reforma representa una restricción a la libertad de expresión, dado que no cumple con las condiciones de “a) perseguir un fin lícito y legítimo dentro de un grupo acotado de posibles limitaciones; b) construir una medida necesaria, idónea, proporcional y estrictamente definida para el fin que se busca”.
Dicho lo anterior, el organismo internacional solicita al Congreso del estado de Puebla iniciar un proceso de discusión en torno a estas iniciativas con el propósito de derogar ambos textos y muestra su disposición para brindar asesoría y cooperación técnicas a esta instancia estatal. CJG