Hoy, el oficialismo de Morena busca desmarcarse a toda costa del escándalo de corrupción que envuelve a Guadalupe Taddei y, fieles a sus habituales mañas, recurren a la distracción de desempolvar el viejo argumento del supuesto fraude electoral de 2006, la narrativa fundacional sobre la cual Andrés Manuel López Obrador construyó casi dos décadas de polarización y victimismo.
Ese argumento es una patraña que ya nadie les cree. Contrario a la máxima propagandística de los regímenes autoritarios, repetir una mentira mil veces no la convierte en realidad. La elección presidencial de 2006 es cosa juzgada. En su momento, el entonces Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación actuaron conforme a la ley, desahogaron cada impugnación, realizaron los recuentos previstos en la norma y emitieron resoluciones definitivas que dieron certeza jurídica y garantizaron la estabilidad democrática del país. Pretender reabrir hoy un expediente cerrado hace veinte años no responde a un anhelo de justicia, sino a la urgencia de fabricar una cortina de humo para tapar el desastre que hoy salpica a todo Morena.
Si Morena realmente quiere hablar de irregularidades, opacidad y vulneración de la voluntad popular, no necesita mirar hacia 2006; basta con verse en el espejo de 2018 y 2024, los procesos electorales en los que conquistó el poder. La evidencia documentada por autoridades fiscalizadoras, misiones internacionales y medios especializados demuestra que fueron precisamente esas elecciones las que estuvieron plagadas de anomalías e irregularidades.
En 2018, la Unidad Técnica de Fiscalización del INE destapó el caso del fideicomiso “Por los Demás”, creado por Morena bajo el pretexto de apoyar a los damnificados de los sismos de septiembre de 2017. Esto reveló un esquema de financiamiento paralelo mediante la llamada “operación carrusel”, en la que decenas de personas depositaron dinero en efectivo de forma sincronizada y en montos fraccionados para burlar los controles bancarios, acumulando millones de pesos que luego fueron retirados en efectivo y entregados a operadores políticos sin trazabilidad fiscal.
Aunque después una mayoría dividida del Tribunal Electoral revocó la multa inicial de 197 millones de pesos impuesta a Morena por criterios formalistas, las investigaciones periodísticas de medios especializados como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y Animal Político dejaron constancia de cómo se trianguló dinero al margen de la ley, a lo que se sumó el despliegue anticipado de estructuras partidistas disfrazadas de brigadas censales que cerraron el esquema de clientelismo electoral.
Para el proceso electoral de 2024, decenas de resoluciones de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE y de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral acreditaron que López Obrador violó de manera sistemática el artículo 134 constitucional desde las conferencias matutinas, utilizando recursos públicos y la tribuna presidencial para atacar a la oposición, promover la continuidad de su partido y dinamitar la equidad en la contienda.
A ello se sumó una coacción clientelar sin precedentes, documentada por redes de observación ciudadana y medios como Reforma y El Universal, mediante la cual operadores vinculados a los programas sociales condicionaron apoyos bajo la amenaza explícita de que desaparecerían si Morena perdía.
Más grave aún fue la sombra de la violencia y el crimen organizado sobre las urnas en 2024, catalogado como el proceso electoral más violento de la historia moderna de México. Centros de análisis especializados documentaron cientos de agresiones políticas, decenas de aspirantes y candidatos asesinados, renuncias forzadas de planillas completas y el control territorial de grupos delictivos que definieron quién podía hacer campaña y quién no en entidades clave como Chiapas, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas.
Por eso resulta inaceptable el cinismo de Morena. Así como hoy insisten en crear una comisión para revisar la elección de 2006, que mejor se investiguen a fondo las elecciones de 2018 y 2024, donde todos los indicios, mapas de violencia y reportes de inteligencia apuntan hacia el uso faccioso del aparato del Estado y los pactos que Morena tejió con los cárteles del crimen organizado para asegurar poder político.
México demanda con urgencia recuperar la autonomía de sus instituciones. Por ello, convocamos a construir un gran consenso nacional para devolverle al INE todo su carácter independiente, confiable, legítimo y firme en sus decisiones respecto al proceso electoral, porque solo con un árbitro verdaderamente libre podremos garantizar que las elecciones de 2027 y de 2030 no queden marcadas por la sombra del fraude electoral.