La crisis de vivienda en España se ha convertido en una de las principales banderas políticas del gobierno de Pedro Sánchez. Frente al encarecimiento de las rentas y las dificultades para acceder a una vivienda, las autoridades han impulsado mayores controles sobre el mercado inmobiliario, restricciones al alquiler temporal y nuevas obligaciones para los propietarios. Una discusión legítima que, sin embargo, plantea una pregunta fundamental: ¿hasta dónde puede intervenir el Estado en las decisiones que los ciudadanos toman sobre su propio patrimonio?
En México comenzamos a observar una narrativa similar. Bajo el argumento de combatir la gentrificación y garantizar el acceso a una vivienda digna, se promueven medidas que buscan intervenir cada vez más en el mercado del arrendamiento. El discurso resulta políticamente atractivo: presentar a los propietarios como parte del problema y al gobierno como el defensor de quienes no pueden pagar una renta.
Sin embargo, la realidad es mucho más compleja. No todos los propietarios son grandes inversionistas ni forman parte de corporaciones inmobiliarias. Muchos son familias que dedicaron décadas de trabajo a comprar un departamento, adultos mayores que viven de una renta o personas que encontraron en su patrimonio una alternativa para complementar sus ingresos.
Tener una propiedad no debería convertir a nadie en adversario de una política pública. Quien adquiere un inmueble, paga impuestos, invierte en su mantenimiento y asume los riesgos de su inversión, debe conservar el derecho a decidir cómo aprovecharlo: habitarlo, venderlo, rentarlo por periodos largos o cortos, o destinarlo a una actividad económica permitida por la ley.
Por supuesto que el mercado inmobiliario necesita reglas. Los contratos deben respetarse, las obligaciones fiscales cumplirse y los derechos de propietarios e inquilinos protegerse por igual. Pero existe una diferencia fundamental entre regular para generar certeza jurídica e intervenir de manera desproporcionada en las decisiones patrimoniales de los ciudadanos.
En la Ciudad de México, por ejemplo, las restricciones a las estancias turísticas eventuales, incluido el límite de ocupación de 183 noches al año (50% del calendario), previsto en la legislación turística, muestran cómo una medida presentada como solución al problema habitacional también puede afectar la libertad de los propietarios para obtener ingresos de sus inmuebles.
Y no se trata únicamente de quienes poseen una vivienda. Alrededor del mercado inmobiliario existen miles de empleos relacionados con la administración, el mantenimiento, la limpieza, las remodelaciones y distintos servicios. Muchas mujeres y adultos mayores encuentran en estas actividades una fuente importante de ingresos.
La crisis de vivienda es real, pero sus causas son estructurales: insuficiente construcción de vivienda accesible, encarecimiento del suelo, salarios que no crecen al ritmo de los precios, dificultades para obtener financiamiento y una planeación urbana que durante años ha sido incapaz de responder a la demanda.
Ninguno de esos problemas se resuelve automáticamente restringiendo las decisiones de quienes ya cuentan con un patrimonio.
Los gobiernos deberían concentrar sus esfuerzos en ampliar la oferta habitacional, facilitar créditos, incentivar la construcción, recuperar espacios urbanos y generar condiciones para que más personas puedan comprar o rentar una vivienda. La política pública debe crear oportunidades, no enfrentar a quienes tienen una propiedad con quienes legítimamente aspiran a conseguir una.
España y México tienen realidades inmobiliarias distintas, pero comparten una tentación política: convertir la vivienda en una bandera ideológica y trasladar a los propietarios parte de la responsabilidad que corresponde al Estado.
La vivienda digna es un derecho, pero la propiedad privada también merece protección. Ambos principios pueden coexistir si existen políticas públicas inteligentes, reglas claras y respeto a la libertad económica.
El verdadero éxito de un gobierno no debería medirse por cuánto limita lo que los ciudadanos pueden hacer con su patrimonio, sino por cuántas oportunidades genera para que más personas puedan construir el suyo.
Una alianza territorial
La colaboración entre una empresa y una institución de asistencia suele medirse por sus resultados. En este caso, son 28,000 litros de combustible entregados a Cruz Roja Mexicana por OXXO GAS mediante Litros con Causa. El destino es fortalecer la movilidad que permite trasladar personal y responder ante emergencias. La cifra importa por el destino y la función que respalda. Los apoyos llegaron a Toluca, Nuevo León, Jalisco y Chihuahua. En Chihuahua, el donativo ayudará a ocho delegaciones locales. Karla Lamas, Coordinadora Local de Socorros de Cruz Roja Mexicana en Jalisco, resumió el punto: las ambulancias y los paramédicos requieren combustible para llegar a quienes los necesitan. Esto, desde luego, está claro para la empresa, cuya estrategia es dirigida por Mauricio del Valle, director de Retail y Suministro. Desde 2022, Litros con Causa ha entregado más de 214,000 litros de combustible a instituciones con presencia comunitaria. La continuidad permite medir el alcance de una iniciativa vinculada con necesidades concretas.
