¿En qué momento tener una propiedad se convirtió en un problema? ¿Desde cuándo quien trabajó, ahorró e invirtió durante décadas debe sentirse culpable por construir un patrimonio?
España está en las calles. Miles protestan por una crisis de vivienda que afecta a quienes buscan independizarse. Según FOESSA, uno de cada cuatro hogares enfrenta problemas habitacionales. El Consejo de la Juventud calcula que un alquiler medio de 1,176 euros representa el 98.7% del salario promedio de una persona joven. Faltan viviendas, crece la demanda y los ingresos no alcanzan.
El caso de Maricarmen Abascal, de 87 años, intensificó las protestas. Fue desalojada en Madrid después de vivir siete décadas en el mismo departamento y falleció dos semanas después, sin poder regresar. Su historia conmueve y exige protección para las personas vulnerables. Pero también plantea una pregunta: ¿quién debe financiar esa protección?
En las manifestaciones algunos cuestionan que la vivienda sea un negocio y critican el capitalismo. Sin embargo, habitar un inmueble no equivale a ser el dueño. La propiedad pertenece a quien la adquiere legalmente; quien alquila tiene derechos, pero también la obligación de pagar la renta y cumplir su contrato.
Imaginemos a dos adultos mayores que trabajaron cuarenta años para comprar un par de departamentos. Se sacrificaron: renunciaron a vacaciones, fiestas y lujos. Pagaron hipotecas, impuestos, mantenimiento y reparaciones pensando en vivir de sus rentas cuando dejaran de trabajar. ¿Ahora quieren castigarlos por ser propietarios? ¿Son los malos de la película?
Si un inquilino deja de pagar, las obligaciones económicas del dueño no desaparecen. Puede ser una viuda que necesita esa renta para comprar medicamentos. ¿Quién piensa en ella? También hay otras Maricarmen que viven de sus alquileres y con ellos cubren sus gastos.
El principio tampoco cambia porque alguien tenga veinte, cien o mil inmuebles. Comprar para rentar es un negocio legítimo, como abrir un restaurante. Su dueño compra alimentos, contrata chefs y meseros, paga servicios e impuestos. ¿Debe alimentar gratuitamente a quien no puede pagar? ¿Una tienda debe regalar abrigos a quienes tienen frío? ¿Una farmacia debe pagar empleados, comprar medicamentos y después regalarlos a quien no pueda comprarlos?
Alimentación, abrigo, salud y vivienda son necesidades fundamentales. Pero eso no convierte a los negocios privados en proveedores gratuitos. Invertir supone riesgos y la expectativa de ganancias. Tener dinero no convierte a nadie en responsable individual de resolver una crisis habitacional. Tampoco podemos convertir el éxito económico de unos en obligación de mantener a otros.
Poseer propiedades no exime de pagar impuestos, respetar contratos y cumplir la ley. Ser dueño no convierte a nadie en delincuente: invertir legalmente en inmuebles no es robar.
No es un problema exclusivo de España: lugares como Nueva York, Los Ángeles, París, Roma o Ciudad de México también tienen alquileres elevados. Lo decisivo es cuánto representan frente a los salarios locales. Las políticas económicas deben fomentar empleo mejor remunerado y capacidad de compra, no convertir a los propietarios en instituciones de beneficencia por obligación.
Según el CIS, el 95.4% apoya reducir impuestos para adquirir una primera vivienda, el 85.7% respalda mayores garantías a propietarios frente a impagos y mas del 50% de los españoles rechazan expropiar viviendas. Esa NO es la solución.
La Constitución española reconoce el derecho a una vivienda digna y protege la propiedad privada. Esta última no es absoluta: tiene una función social. Pero eso no significa que el Estado pueda disponer libremente de lo ajeno; cualquier límite debe respetar la ley y sus garantías.
¿Quién debe construir vivienda asequible y ofrecer alternativas a quien no puede pagar alquiler? Las administraciones públicas. No el jubilado que vive de sus rentas, ni la familia que sacrificó años para pagar una hipoteca, ni el empresario al que se pretende trasladar una obligación pública y que insisto, no es un delincuente.
Proteger al inquilino no debería significar desproteger al propietario. Todos merecen poder construir un patrimonio sin temor a perderlo injustamente.
Porque el derecho a un techo no significa vivir gratis en el que otro pagó. La justicia social no consiste en castigar a quien ahorró y construyó legalmente su patrimonio, sino en exigir al Estado que cumpla sus responsabilidades sin convertir los bienes privados en solución de sus fracasos.
