Lo que hace unos días parecía una declaración desafortunada de Samuel García ya escaló bastante más. Primero fueron las críticas de diputados del PAN y PRD, después el Consejo Cívico de Nuevo León y ahora la Fiscalía Anticorrupción abrió de oficio una carpeta de investigación por probable cohecho. Todo por aquella oferta del gobernador a las empresas que sigan aportando dinero a “Ponte Nuevo”, a cambio de trato preferencial y la posibilidad de no ser “molestadas” por inspecciones, auditorías o clausuras. Una frase que está resultando bastante más cara de lo que quizá calcularon en Palacio de Cantera.
El Consejo Cívico puso el asunto en términos de combatir la corrupción, agilizar trámites y garantizar certeza jurídica, que son obligaciones del gobierno, no beneficios reservados para quienes colaboren económicamente. Los diputados fueron todavía más lejos. Carlos de la Fuente pidió a los empresarios denunciar las presiones y Perla Villarreal habló abiertamente de acoso y extorsión. Lo que comenzó como la presentación de un programa de colaboración con la iniciativa privada terminó convertido en una discusión sobre cuotas y protección oficial.
Y entonces apareció la Fiscalía Anticorrupción. La investigación, según se informó, se abrió de oficio por probable cohecho a partir de las declaraciones públicas del gobernador y quedó dirigida contra quien o quienes resulten responsables. El artículo 215 del Código Penal de Nuevo León establece ese delito para el servidor público que solicite o reciba ilícitamente dinero o algún beneficio para hacer o dejar de hacer un acto propio de sus funciones. Habrá que esperar hasta dónde llega la carpeta y qué determina la autoridad. Pero ya no estamos únicamente frente a una polémica política.
La respuesta de Samuel fue previsible. “Me sacaron de contexto” dijo el gobernador. Betsabé Rocha, secretaria de Economía, aseguró que el programa no establece cuotas ni beneficios adicionales para las empresas participantes. El problema es que las palabras de Samuel quedaron registradas. Habló de un certificado, de un teléfono para reportar funcionarios y de “trato preferencial” ante actos del SAT estatal, Medio Ambiente, autoridades laborales o Fuerza Civil. Explicar ahora que quiso decir otra cosa puede servir para contener daños, difícilmente para borrar lo que dijo.
Hay además un silencio que comienza a pesar. Coparmex, Caintra y Canaco declinaron fijar postura ante los cuestionamientos de la prensa. Resulta cuando menos llamativo porque son precisamente los organismos empresariales los que tendrían que estar interesados en despejar cualquier duda sobre la relación entre aportaciones privadas y actuación gubernamental. Si existe una garantía contra abusos de funcionarios, tendría que alcanzar al empresario que aporta, al que no aporta y al que jamás ha escuchado hablar de “Ponte Nuevo”.
Samuel quiso presentar el esquema como reconocimiento a quienes ayudan a Nuevo León. Terminó colocando a su gobierno ante una pregunta mucho más incómoda: ¿por qué tendría alguien que pagar para recibir de la autoridad el trato que la ley ya debería garantizarle? La Fiscalía decidirá si existe materia penal. Políticamente, el daño está hecho. Porque cuando un gobierno tiene que explicar que su “trato preferencial” no significa trato preferencial, el problema dejó de ser de contexto.
Lo que viene en el sector plastiquero
El objetivo para la industria del plástico no está sólo en mantener lo que ya funciona, sino en aprovechar los espacios donde todavía hay potencial. En México operan cerca de 7 mil empresas del sector y 80% son Micro y Pequeñas, siendo principalmente los rubros automotriz, médico, electrónico y eléctrico, de alimentos y bebidas, y de la construcción, los mayores demandantes de este material presente en más del 80% de los procesos productivos. Sin duda, el mercado aún tiene terreno para avanzar en áreas como empaques flexibles, aplicaciones agrícolas y envases para alimentos y productos no alimenticios. Por cierto, la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC), que preside Benjamín del Arco y dirige Raúl Mendoza, alista su Convención anual del 1 al 4 de septiembre en Los Cabos, donde la revisión del T-MEC, el futuro de las PYMES y los retos de sostenibilidad, son parte de la agenda.
Voz en Off
Un documento reciente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presume una disminución en el riesgo crediticio de México y Pemex desde el inicio de la actual administración, con base en la evolución de los Credit Default Swaps (CDS), indicador utilizado para medir el costo de cobertura ante un posible incumplimiento. El CDS soberano de México a cinco años pasó de 120 a 80 puntos base, una reducción de aproximadamente 40 puntos, mientras que el de Pemex bajó de aproximadamente 460 a 222 puntos base, una disminución cercana a 238 puntos. Hacienda señala que el promedio del CDS de México entre 2012 y 2024 fue de alrededor de 120 puntos base y el de Pemex de 327 puntos. En paralelo, la deuda bruta de Pemex se redujo a 4 por ciento del PIB en 2025, su nivel más bajo en once años, mientras Fitch elevó la calificación de la petrolera en tres escalones y Moody’s en dos durante el segundo semestre de 2025. Pemex también regresó en febrero de 2026 al mercado local de capitales después de seis años, con una demanda de 63 mil 285 millones de pesos, equivalente a una sobresuscripción de dos veces el monto colocado, y una reducción promedio de aproximadamente 40 puntos base en la tasa frente a los niveles indicativos iniciales. El documento agrega que el diferencial entre los bonos de México y Estados Unidos a 10 años, denominados en dólares, se redujo 20 puntos base desde el inicio de la administración….
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