“Los cárteles de la droga están librando una guerra contra Estados Unidos, y ahora es el momento de que Estados Unidos declare la guerra a los cárteles.”
Donald J. Trump
Este martes 29 de septiembre de 2026, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 21 personas y 25 entidades, que actúan como líderes o facilitadores del Cártel de Sinaloa. En la lista aparecen el jefe de Los Mayos, Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”; miembros de su círculo íntimo; cabecillas de células con base en Tijuana; lavadores de dinero; y “políticos corruptos que permiten que el Cártel de Sinaloa opere con impunidad a pocos kilómetros de la frontera entre Estados Unidos y México”; el nombre que ha sido evidente es el de Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda.
El Departamento del Tesoro describió a Torres Torres como operador político aliado de Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, jefe de Los Rusos, subfacción de Los Mayos. Según Washington, Torres utilizó su influencia para que el Cártel de Sinaloa traficara, cobrara y se protegiera del Estado; recibía pagos mensuales de Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, quien a su vez cobraba sobornos de El Ruso a cambio del control de la policía municipal.
La visa de Carlos Torres fue revocada en mayo de 2025 y por supuesto él niega cualquier relación con el crimen organizado, pero el Departamento del Tesoro sostiene que le pagaban por las facilidades que gestionaba ante el gobierno de Baja California, entonces la ayuda, en la lógica de quien paga, era efectiva, porque un cártel no sostiene una nómina política por cortesía. Y, mientras Washington bloquea bienes y nombra operadores, en México no hay una investigación equivalente, pública y creíble, sobre los cómplices que ayudan a Los Mayos y a Los Rusos a operar con impunidad.
Este silencio es un patrón que se ha repetido desde hace décadas, pero actualmente el costo político para Morena es cada vez más evidente y la presión de Estados Unidos no se detendrá, está el expediente de los diez requeridos por Estados Unidos en el caso que encabeza Rubén Rocha Moya, el de Hernán Bermúdez Requena, el exsecretario de seguridad pública de Tabasco que al mismo tiempo encabezaba la célula delictiva de la barredora, ligada al CJNG; y el huachicol fiscal, una red de contrabando de combustible que no se explica sin aduanas, sin documentos, sin mandos y, por supuesto sin la participación de autoridades de la Marina. Esos dos últimos casos, eran operaciones que exigían complicidades de alto rango.
¿Quién ha ayudado? ¿por qué se ha permitido la total impunidad?, el expresidente Andrés Manuel López Obrador mencionó la regla que hoy se le revierte y golpea a su propio movimiento, y es que en 2019 afirmó: “Nada de que el presidente no sabe […] el presidente de México se entera de todo. Y no hay un negocio jugoso que se haga sin el visto bueno del presidente, para que quede claro; si hacen una transa grande, grande, es porque el presidente lo permitió.”
Esta idea nos obliga a preguntarnos no solo por el exesposo de la gobernadora, sino por la cadena de autoridades que tuvieron que mirar hacia otro lado para que Los Rusos compraran policías, espacios y protección en Mexicali.
Las afirmaciones sobre corrupción han deteriorado incluso la imagen de Andrés Manuel López Beltrán. Su nombre apareció en expedientes de la Fiscalía General de la República relacionados con una gigantesca trama de contrabando de combustible, pero la institución ha sostenido que esas menciones no bastan para abrir una indagatoria en su contra. The New York Times reportó este mismo martes que dos agencias estadounidenses examinan acusaciones sobre presuntos vínculos con el crimen organizado y el huachicol, sin que exista todavía una investigación formal.
Estados Unidos está presionando a la presidenta Claudia Sheinbaum con acciones: bloqueos financieros, visas revocadas y evidencia en cortes. Cada sanción de la OFAC es un recordatorio de un Gobierno capturado por la corrupción y el Gobierno federal no puede esconder la pregunta que el expresidente formuló contra sus adversarios y que hoy recae sobre los suyos: ¿quién los avaló?
Consultor en temas de seguridad, inteligencia, educación, religión, justicia, y política.
