En un tribunal constitucional no basta con llegar a una conclusión. Importa, y mucho, cómo se llega a ella. Las razones que sustentan una sentencia determinan el alcance de lo resuelto y pueden constituir criterios obligatorios para los demás órganos jurisdiccionales. Por eso, el método de interpretación jurídica no es un asunto menor.
Lo ocurrido durante una reciente sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resulta preocupante precisamente por eso. La ministra María Estela Ríos González se inconformó porque varios integrantes del Pleno propusieron modificar el método de interpretación utilizado en su proyecto sobre privacidad en las telecomunicaciones.
“Me parece que es una falta de respeto a mi posición de ministra”, reclamó.
El presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, le explicó que las observaciones buscaban incorporar el criterio de la mayoría y que el desacuerdo podía expresarse mediante los votos correspondientes.
La ministra sostuvo: “Se llega a la misma conclusión con un método o con el otro, simplemente se hace de una manera distinta”. Y es precisamente ahí donde radica el problema.
La función de un tribunal constitucional no se agota en determinar si concede o niega un amparo, si confirma o revoca una resolución o si una norma es compatible con la Constitución. También debe establecer las razones jurídicas que justifican sus decisiones.
En nuestro sistema, conforme al artículo 94 constitucional, las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias del Pleno de la Corte, cuando sean aprobadas por mayoría de seis votos, son obligatorias para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas.
Esto significa que dos sentencias pueden coincidir en sus puntos resolutivos y, sin embargo, establecer criterios jurídicos diferentes. El método utilizado puede determinar el alcance de la decisión y su aplicación en casos futuros.
No es una cuestión de estilo ni de preferencias personales.
La ministra Ríos ha expresado reiteradamente su rechazo al test de proporcionalidad, una herramienta de análisis constitucional que permite examinar, entre otras cuestiones, la justificación de determinadas restricciones a los derechos fundamentales. Uno de sus argumentos es que no se encuentra expresamente previsto en la Constitución.
Puede cuestionar su utilización. El debate sobre los métodos de interpretación constitucional es legítimo y necesario. Lo que resulta difícil de justificar es que pretenda mantener en una sentencia una argumentación que no cuenta con el respaldo de la mayoría.
La Suprema Corte es un órgano colegiado. Quien presenta un proyecto propone una solución jurídica y las razones que la sustentan, pero corresponde al Pleno deliberar y decidir. Si la mayoría comparte el sentido de la propuesta, pero no sus consideraciones, esa diferencia debe reflejarse en la resolución que finalmente se apruebe.
Incluso puede ser necesario encargar la elaboración de un nuevo proyecto o ajustar las consideraciones para recoger fielmente el criterio mayoritario.
La ministra conserva, desde luego, su derecho a disentir y a formular el voto que corresponda. Un voto concurrente permite expresar razones distintas cuando se comparte el sentido de la decisión; un voto particular, explicar el desacuerdo con lo resuelto.
Nada de eso constituye una falta de respeto.
Lo preocupante es la resistencia que parecen mostrar algunas integrantes de esta nueva Corte frente a las reglas de la deliberación colegiada. Hemos visto discusiones similares con la ministra Lenia Batres. Una sentencia no pertenece a quien redactó el proyecto. Expresa la decisión del órgano que la aprueba.
Confundir ambas cosas no es una diferencia metodológica. Es desconocer una regla esencial del funcionamiento de la Suprema Corte.
Y esto resulta todavía más importante con esta SCJN cuya nueva integración llegó con la promesa de transformar la justicia mexicana.
La legitimidad de un tribunal constitucional depende también de la calidad de sus argumentos, de la consistencia de sus criterios y de su capacidad para deliberar conforme a reglas. Lo que hasta hoy hemos visto en la nueva Corte deja mucho que desear al respecto. ¡Al tiempo!