Estar indignado es un derecho. Protestar contra un gobierno y exigir mejores condiciones de vida son libertades fundamentales. Pero ninguna inconformidad justifica destruir el patrimonio de quienes han construido sus negocios con años de esfuerzo, ni arruinar la vida de trabajadores que dependen de ellos. La protesta pierde legitimidad cuando, en nombre de un futuro mejor, destruye el presente de quienes también luchan por salir adelante.
Lo que ocurre en Francia tiene antecedentes. En 1981, el socialista François Mitterrand llegó al poder con la promesa de redistribuir la riqueza y fortalecer al Estado. Nacionalizó empresas y bancos, amplió derechos laborales y redujo la edad de jubilación a los 60 años. Sin embargo, los desequilibrios económicos lo obligaron a cambiar de rumbo en 1983 y aplicar medidas de austeridad.
En 1997, Lionel Jospin impulsó la jornada legal de 35 horas semanales para favorecer el empleo. François Hollande, presidente entre 2012 y 2017, prometió combatir el desempleo, pero terminó promoviendo una reforma laboral que provocó protestas sindicales. La historia muestra una contradicción recurrente. Ampliar derechos no garantiza, por sí solo, crecimiento económico, empleos suficientes ni finanzas sostenibles.
El Estado necesita recursos para financiar sus promesas. Los impuestos, las cotizaciones y la deuda tienen límites. Una carga fiscal elevada y regulaciones mal diseñadas pueden encarecer la contratación y desalentar inversiones. A esto se suman las dificultades para acceder a una vivienda, la presión sobre algunos servicios públicos y los retos de integración migratoria. Cuando la capacidad del Estado no responde a las necesidades de la población, las tensiones aumentan.
Pero hay otro elemento que no debe perderse de vista. Francia celebrará elecciones presidenciales el 18 de abril y el 2 de mayo de 2027. En este contexto, las protestas también representan una oportunidad para que los partidos intenten capitalizar el descontento. ¿Quién convoca, quién financia y quién terminará beneficiándose políticamente? La convocatoria del 17 de octubre se difundió ampliamente en redes sociales. ¿Quiénes están detrás de estos llamados?
¿Y quién paga los daños? Los comerciantes pierden mercancía e ingresos, los trabajadores arriesgan sus empleos y las ciudades deben reparar la infraestructura destruida. Las aseguradoras pueden cubrir parte de las pérdidas, pero no todas. Algunos costos pueden terminar en manos de los contribuyentes. Exigir una vida mejor mientras se destruye el patrimonio que otros construyeron con años de esfuerzo es una contradicción que no puede normalizarse.
México debería mirar este espejo con seriedad. En el primer trimestre de 2025, el 58.8 por ciento de los trabajadores mexicanos de entre 15 y 29 años estaba en la informalidad, según el INEGI. Nuestra realidad no es idéntica a la francesa, pero enfrentamos dificultades para garantizar empleos formales, vivienda accesible y oportunidades duraderas. Los apoyos sociales pueden aliviar necesidades, pero no sustituyen la inversión, la productividad ni una economía capaz de sostenerlos.
México está peligrosamente cerca de una ruta en la que las expectativas crecen más rápido que las oportunidades. Francia demuestra que las promesas de bienestar pierden credibilidad cuando no se traducen en resultados sostenibles. Nuestro país todavía puede aprender de esa experiencia antes de que la frustración social se profundice y el costo económico y político sea mayor.
