El pasado 2 de octubre se presentó el Informe Latinobarómetro 2026. Esta edición se levantó entre el 7 de mayo y el 17 de junio, con 19, 207 entrevistas cara a cara en 17 países, 1,200 de ellas en México. Su título se plantea como pregunta: ¿La crisis de la democracia liberal?
Para quienes organizamos elecciones algunos datos son alentadores. Por ejemplo, la ciudadanía sigue creyendo en las elecciones.
El apoyo a la democracia en la región se mantiene en 52%, después de haber disminuido en 2023 a 48%. En México es de 45%. En contraste, el estudio registra una confianza baja en las instituciones en general, un rasgo que se observa en la región desde hace tres décadas.
Las elecciones gozan de amplia aceptación. Cuando se pregunta si puede haber democracia sin elecciones, 74% responde que no. En México la cifra es 68%, seis puntos debajo del promedio regional, pero representa siete de cada diez personas. El propio informe concluye que las elecciones son la pieza de la democracia con una legitimidad claramente mayoritaria, y que hoy ningún gobierno de la región puede presentarse como legítimo sin pasar por ellas.
Existe un acuerdo amplio en que el poder se decide en las urnas. Costa Rica es el país donde más se piensa así, con 89%, y aunque México está por debajo del promedio, la mayoría lo tiene claro.
El estudio no tiene datos por entidad, así que no puedo afirmar qué piensa en particular la capital. Pero aquí ese respaldo tiene una base concreta. El 2 de junio de 2024 se instalaron las 13 mil 431 casillas previstas en las 16 alcaldías. Al frente de ellas estuvieron más de 80 mil personas que no trabajan para ninguna institución electoral. Fueron vecinas y vecinos sorteados que recibieron y contaron los votos de su propia sección. Votaron 5 millones 383 mil personas, 69.3% de la lista nominal, y en Benito Juárez, Coyoacán y Miguel Hidalgo la participación fue la más alta en treinta años.
El riesgo para esa confianza viene de otro lado. Según el mismo Latinobarómetro, 78% de las personas en la región cree que en las redes sociales circulan muchas o algunas noticias falsas. La sospecha alcanza también a la televisión (68%) y a la radio (58%). Quizá por eso la familia y los amigos siguen entre las principales fuentes de información política, con 32% y 24%. La gente confía en quien conoce. Creo que ahí está una de las fortalezas de nuestro modelo, porque quien cuenta los votos en la casilla es alguien de la colonia.
El perfil de quien más apoya la democracia se repite desde hace años, con más edad, más escolaridad y mejor nivel socioeconómico. El estudio advierte también que las personas con menos educación son las más expuestas a campañas de información falsa. Para una autoridad electoral, eso indica dónde poner el esfuerzo. La educación cívica no es un complemento de la organización de elecciones, es parte de la misma tarea, sobre todo con las y los jóvenes que votarán por primera vez.
Rumbo a 2027, lo que nos toca a las instituciones electorales es fortalecer esta confianza y recuperarla entre quienes no ven indispensables las elecciones. Eso significa explicar mejor el valor de la transmisión pacífica del poder y lograr que cada persona se convenza de que su voto cuenta y se cuenta. También significa abrir más la puerta; fortalecer la idea de que el proceso es tan transparente que cualquiera puede seguir cada etapa a través de la observación electoral.
En una región que discrepa en casi todo, las elecciones siguen siendo un punto de acuerdo y a las autoridades electorales nos toca cuidarlas. Para sostenerlas contamos con el apoyo de las miles de personas que cada tres años se sientan en una casilla a contar votos guiadas por su deber cívico.
