El pasado fin de semana, México vio tres episodios que, puestos uno junto al otro, dicen más sobre nuestros gobiernos que sobre quienes protestaron. En Jalisco, una marcha que exigía que llegue agua limpia en Guadalajara y Zapopan, terminó con gas lacrimógeno, chorros de agua a presión y decenas de detenidos. En Hidalgo, la policía disolvió un bloqueo de trabajadores del IMSS que exigían medicamentos e insumos básicos. Y en la Ciudad de México, un grupo que la alcaldía Cuauhtémoc ya había atendido optó, aun así, por agredir sus instalaciones y a su personal.
Los tres casos tienen un elemento común que vale la pena nombrar: frente a la protesta, siempre existe la tentación de reprimir. Es la salida más rápida, la que promete “restablecer el orden” en minutos y la que menos explicaciones exige en el momento. Jalisco e Hidalgo cedieron a esa tentación. La Cuauhtémoc no.
Vale la pena detenerse ahí, porque la diferencia no es menor. En Jalisco, miles de familias llevaban meses exigiendo agua potable sin obtener respuesta, y cuando la marcha llegó a Casa Jalisco, la respuesta del Estado fue gas lacrimógeno y agua a presión: treinta y nueve detenidos, decenas de lesionados. En Hidalgo, trabajadores del sector salud que reclamaban medicamentos e insumos para sus propios hospitales fueron desalojados por la policía estatal (lunes y martes, en CDMX y otras ciudades se replicaron protestas). En ambos casos, el gobierno tuvo la opción de sentarse a escuchar y eligió, en cambio, el camino de la fuerza.
En la Cuauhtémoc ocurrió lo contrario. Un grupo que ya había sido atendido por la administración decidió, de cualquier forma, dañar instalaciones y agredir a quienes ahí trabajan —incluida la propia alcaldesa. Y frente a eso, la autoridad no respondió violencia con violencia. Prefirió absorber el daño material antes que escalar un enfrentamiento. Esa decisión, que pudo pasar desapercibida entre tanto ruido, es exactamente el tipo de responsabilidad institucional que deberíamos exigirle a cualquier gobierno, de cualquier color: que ni siquiera cuando es blanco directo de una agresión, recurra a la represión como respuesta. (Por cierto: el día de ayer, en rueda de prensa, colectivos trans se deslindaron de los destrozos en la Cuauhtémoc).
Porque ahí está el punto que de verdad importa. No se trata de si el Estado tiene o no la fuerza para reprimir una protesta —siempre la tiene. Se trata de si tiene la voluntad política de no usarla como primera respuesta. Un gobierno que gasea a quien pide agua limpia, o que desaloja con policías a quien pide medicamentos y material médico, no está “restableciendo el orden": está optando por el camino más corto y el más costoso a la vez, porque cada vez que el Estado responde con fuerza a una demanda legítima, erosiona algo que después cuesta años reconstruir.
La generación de mis abuelos aprendió, por la vía dura de la historia, que hay una línea que ningún gobierno debería volver a cruzar: la que convierte una protesta —legítima o no, pacífica o no— en pretexto para la mano dura. Esa lección no se olvida con el tiempo ni se diluye con el color del gobierno en turno.
Como legislador, no voy a pedirle a nadie que tolere el vandalismo o la agresión contra instituciones; eso también merece una condena clara. Pero sí voy a insistir en que la medida de un gobierno no está en cómo trata a quien lo obedece, sino en cómo trata a quien lo confronta. Jalisco e Hidalgo tienen una lección pendiente. La Cuauhtémoc, en este episodio puntual, mostró que optar por no reprimir —incluso bajo agresión directa— es posible, y que no hacerlo no es debilidad.
Es entender que detrás de cada protesta, de cada escudo y de cada ventanilla hay personas: la que reclama agua, la que exige medicamentos, la que porta un uniforme y la que trabaja en una oficina pública. Ninguna es un enemigo. Gobernar, al final, consiste en no olvidar que cada persona cuenta.
