Cada familia mexicana sabe hacer un presupuesto sin necesidad de manuales. Primero se cubre lo esencial: la comida, la renta, las medicinas, la escuela de los hijos. Después se ve qué sobra. El Paquete Económico 2027 parece haberse hecho al revés: primero se acomodan las cuentas del gobierno y, si queda algo, se piensa en la gente.
Las cifras son claras. El gasto neto crecerá apenas 1.1% real, con un déficit de 3.9% del PIB y una deuda que sube a 55%. Esa deuda le hace un boquete al bolsillo de las familias, porque cada peso que se destina a pagar intereses es un peso que no llega a un hospital, a una escuela o a una calle más segura. Y el proyecto no explica con claridad cuánto de ese endeudamiento se usa para inversión que deja algo y cuánto para cubrir gasto corriente.
Tomemos la salud. El gobierno presume un aumento real de 10.6%, y es cierto que es una buena noticia en el papel. Pero el gasto sigue en 2.9% del PIB, muy lejos del 6% que recomiendan los estándares internacionales. Cualquiera que haya hecho fila en una clínica sabe que el problema no se resuelve con porcentajes: faltan medicamentos, faltan insumos, y el personal del IMSS y del IMSS-Bienestar sale a manifestarse porque no ve reflejado ese aumento en su trabajo diario. Si el dinero no llega a la ventanilla donde le atienden o le surten la receta, para la familia es como si no existiera.
A esto se suma un golpe discreto, pero real: la Ley Federal de Derechos 2027. Una licencia sanitaria para servicios de transfusión pasa de 1,482 a 17,349 pesos, y la autorización de protocolos de investigación médica sube 427%. Esos costos no desaparecen: se trasladan a bancos de sangre, laboratorios y clínicas, y tarde o temprano pueden llegar a quien necesita un estudio o una consulta. Decir que «no afecta a las familias» es, como mínimo, impreciso.
Tampoco se ve prioridad familiar en lo que se recorta. El presupuesto para cuidados baja 2.3%, justo cuando millones de mujeres sostienen en silencio el cuidado de hijos, adultos mayores y enfermos. El gasto en cambio climático cae 27.57% real, en un país donde huracanes y sequías ya dejan a familias sin casa y sin agua. Y el agua, precisamente, recibe menos de lo que exige una crisis que cualquier colonia reconoce cuando abre la llave y no sale nada o sale sucia.
Un presupuesto no se mide solo por lo que evita, sino por lo que decide. Y lo que decide el PEF 2027 es continuidad: sostener los apoyos a Pemex, administrar la deuda y evitar un ajuste doloroso, sin reformar a fondo la recaudación ni redefinir prioridades. Es un presupuesto de corto plazo para problemas de largo plazo.
La contradicción más dolorosa quizá sea la de las proporciones. Se destinan más recursos por persona a Pemex que a IMSS-Bienestar; se financian transferencias, pero se descuidan los servicios que permiten a una familia salir adelante por sí misma: cuidados, agua, salud, seguridad. Las transferencias alivian hoy, pero no sustituyen a un hospital que funciona ni a una escuela donde los niños aprenden a leer y escribir.
Un buen presupuesto debería poder explicarse en la mesa de la cocina. Que una madre pueda preguntar: ¿hay medicinas en la clínica?, ¿mi hijo aprende?, ¿mi calle es segura?, ¿alcanzará el agua?, ¿sale limpia? Y que la respuesta no dependa de supuestos optimistas sobre crecimiento, tasas o precio internacional del petróleo.
El Congreso todavía tiene tiempo de corregir el rumbo. Reasignar recursos hacia lo que las familias sienten todos los días, transparentar el destino de la deuda y construir una recaudación más justa no son lujos ideológicos: son la diferencia entre un presupuesto hecho para las cifras de Morena y uno hecho para las personas. México necesita lo segundo, porque aquí cada persona cuenta.
