El pasado 14 de octubre, el canciller Roberto Velasco compareció ante el Senado por la glosa del segundo informe de la presidenta Claudia Sheinbaum. La política exterior mexicana aún arrastra el lastre del expresidente Andrés Manuel López Obrador: “La mejor política exterior es la interior”. Esta premisa delata el desinterés que el entonces mandatario tuvo por el contexto global, replegando la presencia internacional de México para imponer una agenda ideologizada.
Analistas advierten que la diplomacia nacional está erosionada por la ideología y alejada del interés nacional. Una verdadera política de Estado debe quedar al margen de disputas partidistas para cohesionar a la nación, diseñarse a largo plazo, trascender sexenios y anclarse en variables estructurales como seguridad nacional, geografía, comercio y atención a las comunidades en el exterior, con objetivos claros para la prosperidad del país.
Hoy, la dinámica internacional mexicana responde a filias políticas del grupo en el poder, que busca afinidades a través de un rígido prisma de aliados y adversarios. El nuevo canciller no podrá avanzar mientras la política exterior se siga inclinando hacia la trinchera partidista.
Hacia América Latina y el Caribe, se mantiene un silencio retórico sobre la crisis de derechos humanos y democracia en Cuba, Nicaragua y Venezuela, bajo el escudo del principio de “no intervención”. En contraste, se adoptaron posturas confrontativas con Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú y España, derivando en crisis sin precedentes, como el asalto a la embajada en Quito, el rompimiento de relaciones diplomáticas y las declaraciones de persona non grata a embajadores mexicanos, así como a López Obrador y Sheinbaum, bajo señalamientos de injerencia en asuntos internos y procesos electorales.
El reto es balancear los principios del artículo 89 constitucional con la realidad geopolítica. Mientras la doctrina aporta legitimidad jurídica, el pragmatismo funciona como adaptación coyuntural. Históricamente, la destreza diplomática de México ha radicado en calibrar ambas fuerzas, especialmente ante potencias asimétricas como Estados Unidos.
En Cuba, bajo una supuesta solidaridad con la sociedad cubana, la Cuarta Transformación ha enviado volúmenes históricos de petróleo que, ante todo, consolidan a la élite político-militar de GAESA —el conglomerado que controla el comercio en divisas, turismo, remesas y banca—. Mientras Miguel Díaz-Canel representa la estructura burocrática del gobierno, el verdadero poder recae en el liderazgo histórico de la familia Castro y el estamento militar. Paralelamente, el embajador mexicano en la isla, de nombramiento político en 2019 por López Obrador, acumula un tiempo excesivo en el cargo para los estándares diplomáticos profesionales, lo que genera un peligroso arraigo local, además de malestar en el marginado Servicio Exterior Mexicano (SEM). Un enfoque realista exige dejar de usar embajadas como premios ideológicos, arribismo o componendas políticas, para empoderar a los cuadros de carrera.
Ante el autoritarismo nicaragüense de Daniel Ortega y Rosario Murillo, el gobierno federal —bajo los principios de no intervención y autodeterminación— adoptó la neutralidad en la OEA frente a la exigencia de elecciones libres, rechazando condenas a la dictadura bajo el argumento de que corresponde al pueblo nicaragüense decidir su futuro. Asimismo, en la ONU —en el contexto del pasado 81.º periodo de sesiones—, el canciller mexicano se reunió con su contraparte rusa, Serguéi Lavrov, encuentro en el que acordaron mantener una estrecha interlocución para una agenda común en ese organismo, el G20 y APEC.
En este marco, México optó por no adherirse a la petición de paz internacional impulsada por 51 países contra la invasión a Ucrania, a pesar de que Vladímir Putin cuenta con una orden de arresto de la Corte Penal Internacional por el traslado forzoso de niños ucranianos a la Federación de Rusia. Obviamente, prevalece un marcado interés geopolítico ruso por la relación bilateral con México, debido a su vecindad estratégica con la principal potencia del mundo.
La política exterior mexicana debe recuperar una diplomacia proactiva y pragmática que entienda que la soberanía se defiende mediante la solidez institucional.
