La transición energética de México pasa por el presupuesto de dos empresas públicas, Pemex y CFE, las cuales generan ingresos para el Gobierno Federal, reciben recursos de él y su gasto define cuánto invierte el Estado en el sector. El Programa Sectorial de Energía (Prosener) establece que 38.0% de la generación eléctrica debe provenir de fuentes limpias en 2030, frente al 23.2% observado en 2023.
En el Paquete Económico 2027 se puede revisar si las finanzas de ambas empresas públicas avanzan en el cumplimiento de dicha meta. Para 2027, los ingresos petroleros sumarían 984 mil 540 mdp, esto es, 20.8% menos que lo aprobado para 2026. De esa reducción, 73.8% corresponde al menor apoyo federal a Pemex, que bajaría 70.2%. El resto se explica por menores ventas propias de la empresa en 14.8%, y por menores transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo por 11.4%. El gasto programable de Pemex y la CFE ascendería a 1 billón 50 mil 870 mdp, 5.0% menos que en 2026 y el nivel más bajo desde 2020.
Ese gasto se concentraría en las actividades que cada empresa ya realiza. La producción de hidrocarburos absorbería 76.9% del gasto productivo de Pemex y la generación eléctrica, 61.8% del de la CFE. En conjunto, ambas empresas destinarían 316 mil 521 mdp a inversión física, equivalentes a 0.8% del PIB. De ese monto, 8 mil 157 mdp, es decir, 2.6%, se registra en el anexo de transición energética.
El Anexo Estrategia Nacional de Transición Energética sumaría 20 mil 289 mdp, 10.0% más que en 2026. Sin embargo, su principal ejecutor no es una empresa energética. La Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT) aportaría 43.3% del monto por infraestructura ferroviaria; mientras que la CFE participaría con 34.8%. Aunque el Anexo agrupa programas por ramo, no distingue el gasto por tecnología, por lo que no es posible saber cuánto el monto destinado a generación solar, eólica o de otras fuentes limpias.
La planeación de la CFE tampoco se refleja claramente en el proyecto de presupuesto. Su Programa de Desarrollo prevé adicionar 18 mil 597 megawatts entre 2026 y 2030, de los cuales 81.7% serían de fuentes limpias. No obstante, 71.7% de esa expansión se financiaría mediante esquemas mixtos con participación privada, por lo que el avance hacia la meta dependerá de inversión fuera del presupuesto. Adicionalmente, el PPEF 2027 no identifica qué parte de esos proyectos se ejecutaría el próximo año.
Ante esa falta de información, resulta complicado evaluar si los recursos públicos son suficientes para alcanzar la meta de 2030, pues no se distingue qué parte del gasto de las empresas se orienta a la producción mediante recursos fósiles y cuánto amplía la capacidad limpia. Conocer el gasto por proyecto y tecnología permitiría vincular el presupuesto con indicadores de planeación, así como dar seguimiento al cumplimiento de las metas a las que el país se comprometió. La investigación completa se encuentra en ciep.mx
