El presupuesto público en salud determina los recursos disponibles para atender enfermedades, sostener los servicios hospitalarios y garantizar medicamentos. Sin embargo, en México, el financiamiento sigue siendo desigual entre instituciones. Para 2027, el gasto público por persona afiliada al IMSS sería de $11,519, frente a $5,523 de IMSS-Bienestar, una diferencia de más del doble. Estas brechas importan porque la implementación del Sistema Universal de Salud busca coordinar instituciones que cuenten con distintas capacidades para atender a la población.
El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2027 propone 1.14 billones de pesos para salud, equivalentes a 2.9% del PIB. Este monto representaría un aumento del 10.6% real respecto al aprobado en 2026; al considerar la inflación específica del sector salud, el incremento sería de 8.6%. Aunque habría más recursos, el financiamiento permanecería por debajo del referente internacional de 6% del PIB. Además, 78.0% de los recursos adicionales se concentraría en la población con seguridad social, principalmente en el IMSS y el ISSSTE.
El aumento tampoco permitiría recuperar de manera uniforme los recursos de los distintos servicios. Los hospitales e institutos de la Secretaría de Salud recibirían 33 mil 756.7 millones de pesos (mdp), 9.0% más que lo aprobado en 2026, pero 1.5% por debajo de lo ejercido en 2025. De las 16 instituciones analizadas, seis superarían sus niveles de ese año: los hospitales General “Dr. Manuel Gea González” e Infantil de México y los institutos nacionales de Cancerología, Ciencias Médicas y Nutrición, Neurología y Neurocirugía y Perinatología. Por tanto, el crecimiento anual representaría una recuperación parcial, con rezagos en instituciones que atienden padecimientos complejos y ofrecen servicios de alta especialidad.
En lo referente a salud mental, la diferencia sería más pronunciada. Los recursos identificados para atender a la población sin seguridad social alcanzarían 2 mil 910.6 mdp en 2027, un aumento de 7.1% respecto a 2026. Aun así, serían 24.6% menores que lo ejercido en 2025 y 30.7% inferiores a los de 2020. La reasignación hacia programas específicos permitiría identificar con mayor claridad el financiamiento de esta atención, pero no compensaría la reducción acumulada. Fortalecerla requiere recursos sostenidos y su articulación con el primer nivel, prevención de adicciones y servicios comunitarios.
En contraste, el presupuesto para medicamentos, material médico y suministros de laboratorio alcanzaría 164 mil 245.1 mdp, su nivel más alto del periodo analizado. Este monto sería 4.6% mayor que el aprobado en 2026 y 1.5% superior al ejercido en 2025. No obstante, el aumento agregado coexistiría con reducciones de 5.9% en el IMSS y 16.4% en Pemex. Los incrementos en otras instituciones, particularmente en IMSS-Bienestar, compensarían estas disminuciones, pero exigen revisar las necesidades y capacidades de suministro de cada subsistema.
También es necesario preguntarse si un presupuesto mayor se traducirá en más medicamentos disponibles. El financiamiento es indispensable, pero el abasto depende de la planeación de las compras, el almacenamiento y la distribución. Sin estas capacidades, los recursos adicionales pueden no reflejarse en tratamientos completos y oportunos. Al mismo tiempo, mantener presupuestos hospitalarios inferiores a los ejercidos en 2025 puede limitar la contratación de personal, la adquisición de insumos y el mantenimiento de infraestructura.
Fortalecer el sistema de salud requiere que el aumento presupuestario acompañe tanto la disponibilidad de medicamentos como la capacidad de prestar servicios. La integración entre instituciones necesita mecanismos de compensación financiera y reglas claras para cubrir la atención que otorguen a personas de otros subsistemas. El reto es reducir las brechas de financiamiento, recuperar las capacidades de hospitales y salud mental y dar seguimiento al ejercicio de los recursos. Solo así el crecimiento del presupuesto podrá traducirse en atención oportuna, continuidad de los tratamientos y mayor protección financiera para la población.
