La vivienda es mucho más que un espacio físico. Es el lugar donde las familias construyen su patrimonio, desarrollan sus proyectos de vida y fortalecen los vínculos que dan identidad a nuestras colonias y comunidades. Por eso, garantizar el acceso a una vivienda digna y asequible debe ser una prioridad en la construcción de una Ciudad de México más justa.
Durante los últimos años, el encarecimiento de las rentas se ha convertido en una preocupación creciente para miles de habitantes. En distintas zonas de la capital, particularmente en las alcaldías centrales, los precios de los alquileres han aumentado de manera considerable, mientras que los ingresos de muchas familias no crecen al mismo ritmo.
Esta situación provoca que personas que han vivido durante décadas en una colonia tengan que buscar vivienda en zonas cada vez más alejadas de sus centros de trabajo, escuelas y redes familiares. El problema no se limita al costo de un inmueble: también implica desplazamiento, pérdida de identidad comunitaria y mayores gastos de transporte y manutención.
Ante este panorama, la iniciativa de Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles, presentada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, constituye una propuesta relevante para atender una problemática que requiere respuestas desde las instituciones públicas.
Uno de sus principales planteamientos consiste en establecer que los incrementos anuales de las rentas no puedan superar la inflación del año anterior. Esta medida busca evitar aumentos desproporcionados y ofrecer mayor estabilidad a las personas que destinan una parte importante de sus ingresos al pago de una vivienda.
Pero la propuesta va más allá de regular los incrementos. También contempla establecer una Carta de Derechos y Obligaciones para arrendadores y arrendatarios, limitar los requisitos para acceder a una vivienda en renta, crear un registro digital de contratos y establecer una Defensoría Inquilinaria que proporcione orientación, mediación, conciliación y asesoría jurídica gratuita.
Me parece especialmente importante que se considere la protección de ambas partes. Quien renta una propiedad tiene derecho a recibir el pago acordado y a contar con garantías sobre el cuidado de su inmueble. Por su parte, quien habita esa vivienda debe tener certeza sobre las condiciones del contrato, los incrementos permitidos y el respeto a sus derechos.
Una legislación equilibrada debe ofrecer seguridad jurídica y mecanismos para resolver controversias sin que los conflictos económicos o contractuales se conviertan en situaciones de abuso.
Otro elemento que merece atención es el acompañamiento social ante los desalojos. La iniciativa plantea un mecanismo institucional para atender estos procedimientos, respetando las resoluciones judiciales y procurando que se desarrollen con apego a los derechos humanos. Ninguna circunstancia debe justificar actos de violencia o que las familias queden desprotegidas durante estos procesos.
En este contexto, las mesas de diálogo que ya realiza el Congreso de la Ciudad de México representan una etapa indispensable. La discusión debe incorporar las opiniones de personas inquilinas, propietarios, especialistas, organizaciones vecinales, jóvenes y sectores relacionados con la actividad inmobiliaria.
No podemos legislar de espaldas a la ciudadanía. Escuchar distintas posiciones permitirá identificar posibles dificultades, mejorar los mecanismos propuestos y construir una norma que responda a las condiciones reales del mercado de vivienda en nuestra capital.
También debemos comprender que la regulación de las rentas forma parte de una política más amplia de vivienda. Es necesario impulsar nuevas opciones habitacionales, fortalecer la vivienda social y generar condiciones para que las familias puedan permanecer en las comunidades donde tienen sus raíces.
La iniciativa de Clara Brugada abre una discusión necesaria sobre el modelo de ciudad que queremos. Una ciudad donde el mercado inmobiliario no determine por sí solo quién puede vivir en determinados territorios, sino donde existan reglas que protejan el bienestar colectivo.
Desde el Congreso debemos contribuir a que este proceso se traduzca en una legislación responsable, con mecanismos claros y beneficios tangibles para la población.
Estoy convencido de que una ciudad justa también se construye garantizando que las personas puedan vivir en ella, permanecer en sus barrios y desarrollar sus proyectos de vida sin que el costo de una renta se convierta en una amenaza permanente para su estabilidad.
*Diputado local por el Distrito 15 de Iztacalco
X: @PabloTrejoizt
