Hay una prueba que separa a las políticas públicas que trascienden de las que se agotan en el anuncio: la capacidad de convertir convicciones en portafolios, presupuestos, sedes y plazos. A dos años de iniciado el sexenio, la gestión de Rosaura Ruiz Gutiérrez al frente de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) comienza a aprobar ese examen. Lo que ayer era una apuesta hoy tiene nombre propio, cifras verificables y responsables con rostro.
Durante décadas, el sistema científico mexicano funcionó como una ventanilla: convocatorias que distribuían recursos sin un hilo conductor que los vinculara con las necesidades del país. El cambio de fondo que ha impulsado Ruiz Gutiérrez es de lógica. La SECIHTI administra hoy un portafolio de 13 proyectos estratégicos, sostiene 3 mil 142 proyectos de investigación vigentes y articula a 27 centros públicos de investigación. El número de proyectos financiados al año pasó de alrededor de 500 a más de mil 800.
El respaldo presupuestal acompaña la ambición: en 2026 el Ramo 38 superó los 37 mil 360 millones de pesos, con mil 676 millones adicionales respecto de 2025 destinados a investigación y desarrollo tecnológico. No es un dato menor en un contexto de disciplina fiscal; es una señal de prioridad.
Lo estratégico, además, no desplazó lo esencial. El Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, las becas de posgrado y posdoctorado y el programa Investigadoras e Investigadores por México siguen en pie, con evaluación a cargo de la propia comunidad académica mediante comités colegiados. Hoy existen más de 100 mil becas y apoyos; las becas para estudiar en el extranjero crecieron 62.4%, de 2 mil 221 a 3 mil 607, y la convocatoria de 200 nuevas plazas para especialistas con doctorado en los centros públicos responde a una deuda histórica: formar talento sin ofrecerle dónde quedarse es financiar la fuga de cerebros.
La soberanía tecnológica no se decreta: se construye con capacidades instaladas. Ahí se concentra la apuesta más visible de esta gestión.
Coatlicue, la supercomputadora pública que se impulsa junto con la Agencia de Transformación Digital, cuenta con una inversión de 6 mil millones de pesos y se ubicará en el IPN, Unidad Zacatenco. Las instituciones mexicanas suman hoy alrededor de 5.5 petaFLOPS de capacidad de supercómputo; con Coatlicue se proyecta llegar a cerca de 314. Es un salto de casi sesenta veces. Para que no se quede en hierro y silicio, la petaFLOPS firmó con la UNAM, la UAM, el Cinvestav, universidades estatales y centros públicos el Clúster Nacional de Cómputo de Alto Rendimiento e Inteligencia Artificial, y ha fijado un objetivo que conviene subrayar: formar especialistas capaces no solo de usar la inteligencia artificial, sino de desarrollarla.
Kutsari, cuyo nombre significa “arena” en purépecha, ataca el eslabón de mayor valor de la cadena de semiconductores: el diseño. México ya cuenta con tres centros nacionales de diseño, en Puebla, Sonora y Jalisco. En un mundo donde los chips se han vuelto instrumento geopolítico, diseñar los propios es una forma concreta de autonomía.
Olinia, el minivehículo eléctrico mexicano, reúne a más de 70 investigadores de universidades públicas, y su segundo modelo contempla transportar hasta 650 kilogramos con una autonomía superior a 120 kilómetros. A ello se suman Ixtli, una constelación satelital para observación terrestre; Apixqui, un sistema de monitoreo meteorológico y alerta ante huracanes; y proyectos sobre aprovechamiento del sargazo, preservación de semillas y dispositivos médicos para diálisis. El común denominador es claro: ciencia orientada a problemas que los mexicanos padecen, no a indicadores que solo se leen en los congresos académicos.
Un rasgo distintivo de esta gestión es haber tomado en serio la “H” del nombre de la Secretaría. La incorporación del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México como centro público de investigación sectorizado a la SECIHTI fortalece la investigación en historia y ciencias sociales con rango institucional. La Red Nacional de Investigación sobre Lenguas Indígenas, los materiales para su enseñanza y la recuperación de historias locales de pueblos y comunidades colocan a las humanidades donde deben estar: en el centro de un proyecto de nación pluricultural.
Las agendas de saneamiento de ríos y restauración de cuencas muestran, además, una comprensión moderna de la ciencia: los grandes problemas nacionales no respetan fronteras disciplinarias, y resolverlos exige que ingenieros, biólogos, historiadores y comunidades trabajen sobre el mismo territorio.
Nada de lo anterior sería sostenible sin un modelo de gobernanza. La Red Ecos articula capacidades de universidades, centros públicos y otras instituciones para atender desafíos comunes en lugar de competir por ellos. La coordinación con la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología lleva la agenda a los estados. Y el diálogo abierto con las Comisiones Unidas de Ciencia del Congreso de la Unión, a mitad de este año, envía un mensaje institucional: la política científica se rinde cuentas y se construye con el Legislativo, no a sus espaldas.
Una visión estratégica también se mide por la claridad con que nombra sus pendientes. Hay tres que definirán si esta transformación se vuelve irreversible.
Primero, cruzar el “valle de la muerte” entre el prototipo y el mercado. Olinia y Kutsari necesitan socios productivos, compras públicas inteligentes y reglas de propiedad intelectual que permitan escalar sin regalar lo construido con recursos públicos.
Segundo, sincronizar talento e infraestructura. Coatlicue tiene un horizonte de construcción de 24 meses; el país debe llegar a ese momento con científicos de datos, ingenieros y usuarios académicos listos para exprimir cada operación por segundo. La infraestructura sin talento es un monumento; el talento sin infraestructura, una diáspora.
Tercero, blindar la continuidad. Las grandes potencias científicas comparten un rasgo: financiamiento plurianual, metas públicas medibles e instituciones que sobreviven a los ciclos políticos. Consolidar ese andamiaje es quizá el legado más valioso que puede dejar esta gestión.
Rosaura Ruiz Gutiérrez ha demostrado que la ciencia puede gobernarse con rigor académico y sentido de Estado a la vez. El reto ahora es que lo construido deje de depender de la voluntad de un sexenio y se convierta en lo que todo país que aspira a la soberanía necesita: un sistema.
@jlcamachov
