Hablar de salud mental es hablar de la dignidad de las personas, de sus oportunidades para salir adelante y de las condiciones que necesitamos para construir una sociedad más justa. Por eso, la iniciativa que la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, envió al Congreso de la Ciudad de México para crear una nueva ley en esta materia representa una oportunidad para fortalecer la atención y colocar el bienestar emocional en el centro de las políticas públicas.
La propuesta plantea expedir la Ley de Bienestar Emocional, Salud Mental y Atención Integral del Consumo de Sustancias Psicoactivas, reformar diversas disposiciones de la Ley de Salud capitalina y sustituir el ordenamiento vigente en materia de salud mental. Su propósito es integrar la prevención, la atención y el acompañamiento desde una perspectiva de derechos humanos, igualdad y justicia social.
En nuestra ciudad, estos asuntos requieren atención prioritaria. La iniciativa cita datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua 2022, según los cuales el 17.8 % de la población adulta de la capital presenta síntomas depresivos y el 12.5 % registra síntomas de ansiedad severa. Detrás de estas cifras hay personas, familias y comunidades que necesitan servicios oportunos, profesionales y accesibles.
La salud mental no puede atenderse únicamente cuando existe una crisis. También debemos impulsar la prevención, identificar señales de alerta, combatir los prejuicios y garantizar que cualquier persona pueda solicitar ayuda sin temor a ser juzgada o discriminada. El bienestar emocional forma parte del derecho a la salud y debe recibir la misma atención que cualquier otra dimensión de nuestro bienestar.
Entre los aspectos relevantes de la iniciativa se encuentran el fortalecimiento de los servicios comunitarios, la prevención del suicidio, la atención de urgencias asociadas con crisis de salud mental y el reconocimiento de derechos como el consentimiento informado y la confidencialidad. Asimismo, propone fortalecer al Instituto para la Atención a la Salud Mental y las Adicciones (IASAMA) y establecer mecanismos de coordinación territorial mediante consejos en las alcaldías.
También es fundamental que la atención respete la autonomía y las decisiones de cada persona. La iniciativa contempla que el internamiento involuntario sea un recurso de último momento, sujeto a revisión periódica y supervisión judicial, para proteger la integridad de quienes atraviesan una crisis sin dejar de garantizar sus derechos.
Otro punto fundamental es la atención integral del consumo de sustancias psicoactivas, con medidas de prevención, tratamiento y reducción de riesgos y daños. Las personas que enfrentan estas situaciones necesitan orientación y acompañamiento profesional, no estigmatización ni exclusión.
Ahora corresponde al Congreso de la Ciudad de México analizar la propuesta con responsabilidad. La presidenta de la Mesa Directiva ha señalado que habrá parlamento abierto para debatir las iniciativas enviadas por la jefa de Gobierno. Este compromiso debe traducirse en un espacio efectivo para escuchar a especialistas, instituciones académicas, organizaciones sociales, profesionales de la salud, familias y personas usuarias de los servicios.
La participación ciudadana puede contribuir a identificar necesidades que no siempre se advierten desde los escritorios, revisar los alcances de las disposiciones y plantear mejoras para que la futura legislación responda a la realidad de quienes necesitan atención. Escuchar distintas voces permite enriquecer la propuesta y construir decisiones públicas con mayor legitimidad.
Como legislador, considero que una tarea central es procurar que los derechos reconocidos en la ley puedan ejercerse en la vida cotidiana. Para ello, además de un marco jurídico adecuado, se requieren servicios suficientes, personal capacitado, coordinación institucional y recursos que permitan atender a la población.
La discusión de esta iniciativa debe mantener un objetivo claro: que ninguna persona se quede sin orientación o atención por falta de recursos, por vivir lejos de los servicios o por enfrentar prejuicios relacionados con su condición.
Construir una ciudad más justa también significa cuidar la salud mental de quienes la habitan. El parlamento abierto es una oportunidad para escuchar, corregir y fortalecer la propuesta, con la convicción de que el bienestar emocional debe ser un derecho accesible para todas y todos.
Diputado local por el Distrito 15 de Iztacalco
X: @PabloTrejoizt
