Hablar de construir prisiones en México, en esta época, obliga a pensar mucho más allá que sólo en metros cúbicos de cemento y costos de varilla. En la coyuntura de la presión política que ejerce el presidente Trump contra nuestro gobierno, cuando asegura que éste carece de la capacidad coercitiva para someter a la delincuencia, el anuncio hecho por el secretario García Harfuch la semana pasada puede llegar a evidenciar el interés y la atención que la administración de la presidenta Sheinbaum pone a la crítica de nuestros vecinos y, más allá de ello, la superación y el abandono –muy bienvenidos– de la era de los “abrazos y no balazos”.
Es verdad que la construcción de seis nuevos centros penitenciarios en Chiapas, Estado de México, Sinaloa, Sonora, Nayarit y Veracruz, para recibir a 18,480 nuevos individuos procesados o sentenciados, podría calificarse como la demorada atención que esta administración concede a una necesidad operacional del sistema de ejecución de penas. El hacinamiento en algunos centros del país ha provocado ya serias llamadas de atención de organismos y organizaciones dedicados a la defensa de los derechos humanos (a principios de este año había 259,106 personas privadas de la libertad para 226,922 espacios, y la población creció en unas 21 mil personas durante 2025). Sin embargo, ¿cómo podría el anuncio desvincularse de lo que vive el país?
El objetivo dibuja un nuevo rostro del gobierno en la atención de los graves problemas de seguridad e impunidad que todos hemos venido atravesando a lo largo de este siglo. La gran pregunta tiene que ver con el modelo que habrá de observarse si es que el fenómeno del hacinamiento se quiere llevar más allá, al terreno del Estado de Derecho: ¿asumirá la presidenta el estilo Bukele o, como sería de esperarse, construirá una estrategia Sheinbaum? En este segundo supuesto, el más probable, ¿qué características propias tendrá el proceso para remediar esos problemas de seguridad que nos ahogan?
Bajo el régimen de excepción que El Salvador atraviesa desde marzo de 2022, su presidente logró reducir la tasa de homicidios a 1.3 por cada 100 mil habitantes en 2025, que contrasta con los 21.4 que registró México ese mismo año, según el INEGI. Pero los salvadoreños han pagado un costo: a finales de 2025 había 118,369 personas presas, lo que significa una tasa de encarcelamiento de 1,963 por cada 100 mil habitantes y un hacinamiento de 261 % respecto de su capacidad, según el Instituto de Derechos Humanos de la UCA. Organizaciones civiles han documentado, además, al menos 575 muertes bajo custodia del Estado. Hace unos días, el presidente Bukele anunció un plan para liberar de manera anticipada y condicionada a cerca de la mitad de los presos de la guerra emprendida contra las pandillas.
El anuncio del gobierno mexicano habla de que la operación de los nuevos centros será pública, de que habrá clasificación por nivel de riesgo y de que se establecerán espacios para educación, trabajo, salud y deporte: precisamente los medios que el artículo 18 constitucional prevé para la reinserción.
Con independencia de lo bien que suenen las intenciones, y sea cual sea el modelo que la realidad acabe por imponer, el funcionamiento de los seis centros anunciados depende de que los operadores de los sistemas de procuración y administración de justicia hagan la parte del trabajo que a cada uno corresponde.
Hablamos de que los investigadores y ministerios públicos, encargados de recabar las pruebas de las que depende la comprobación de un delito y el ejercicio de la acción penal ante los tribunales competentes, realicen bien su labor; y de que los operadores de justicia penal –secretarios, jueces de control, jueces penales y magistrados, entre otros– asuman con igual profesionalismo la función constitucional y las responsabilidades que les corresponden.
Es un propósito que se afirma y se comprende con relativa facilidad, pero vea usted el problema que presenta. Se prevé que los nuevos centros penitenciarios estén concluidos hacia 2028; se trataría de un plazo suficiente que debería beneficiar a quienes lleguen a ser sujetos de juicios que culminen con su internamiento, pues serían meses de capacitación de los encargados de la procuración y administración de justicia penal. Lamentablemente, eso no llegará a materializarse de esa manera.
Debemos recordar que, con motivo de la reforma constitucional en materia judicial, los jueces y magistrados del país, incluidos los del orden penal, deben ser electos por voto popular para satisfacer ese requisito de representatividad que justificó el brusco ajuste al diseño constitucional del 2024. Pues bien, la elección que tendría lugar el año que viene se aplazó un año más, hasta el 4 de junio de 2028, justo cuando se prevé que estén listos centros con capacidad para 18,480 personas.
La coincidencia es terrible, pues anticipa un incremento significativo de la actividad punitiva del Estado en manos de operadores de justicia que podrían carecer de la experiencia necesaria para cuidar esos derechos humanos en torno a los cuales se ha construido el proyecto penitenciario mismo.
Es quizá ese reto el que, desde ahora, la presidenta Sheinbaum debería atajar: promover, en coordinación con las fiscalías y con el Poder Judicial, la necesaria capacitación de los operadores de nuestros sistemas de procuración y administración de justicia, incluida la de quienes aspiren a contender en los procesos de elección de 2028.
De esa capacitación dependerá el adecuado funcionamiento de la estrategia Sheinbaum para combatir la delincuencia organizada. Por sus cualidades asociadas al mandato del artículo 18 constitucional, dicha estrategia se distancia del fenómeno que El Salvador ha vivido en los últimos años.
Los nuevos centros penitenciarios no deben convertirse en centros de ensayo para quienes contiendan por un cargo judicial en junio de 2028.
El tratamiento de las penas aplicables a quienes cometen un delito es un reflejo del grado de desarrollo de una sociedad. Con seis prisiones y dos historias, la de El Salvador y la nuestra, tenemos tiempo para elegir cuál de las dos queremos que nos refleje. Para que esa elección sea acertada, importa menos cuántos muros se levanten que cuántas garantías se sepan conservar.
