A año y medio de la tragedia en el Parque Bicentenario durante la primera jornada del festival Axe Ceremonia, finalmente hubo un giro definitivo en el caso judicial que investiga la muerte de Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas. La recolección de pruebas de la Fiscalía de la Ciudad de México derivó en la vinculación a proceso por homicidio culposo de tres empresas involucradas —Grupo Eco, Obra Negra y Operadora Eclectic— y ocho personas físicas, entre ellas fundadores, directores de producción y la funcionaria de Protección Civil del evento, María del Pilar “N”.
Pese a que la defensa de los involucrados buscaba argumentar la prescripción del delito para descarrilar el proceso, el juez desestimó de plano sus recursos y truncó el intento de evasión corporativa al imponer a las empresas imputadas una garantía económica de 500 mil pesos a cada una, además del plazo de tres meses para la investigación complementaria.
La grieta en la seguridad
El incidente, ocurrido el 5 de abril de 2025, expuso el desdén operativo con el que se maneja la industria de los espectáculos masivos. El desplome de una estructura metálica de 250 kilogramos suspendida por una grúa cobró la vida de dos jóvenes que cubrían el festival para el medio independiente Mr. Indie. Los peritajes iniciales confirmaron que el armazón no estaba incluido ni reportado en el Programa Especial de Protección Civil presentado para la autorización del evento. Las productoras omitieron las normas básicas de prevención y continuaron con el concierto esa misma noche. Únicamente cancelaron la jornada posterior y eso, a regañadientes, producto de la presión social. Mientras la familia de Berenice alcanzó un acuerdo reparatorio en mayo de 2026, los deudos de Miguel Ángel decidieron sostener la vía penal hasta las últimas consecuencias para impedir que el caso quedara en un arreglo monetario en privado.
Esta resolución no solo busca un castigo para los responsables materiales y ejecutivos; sienta un precedente crucial para la labor periodística en México. De acuerdo con informes del Mapeo de Periodistas Independientes y la organización Artículo 19, más del 70 % de las coberturas de eventos culturales y de entretenimiento en el país son realizadas por fotógrafos y reporteros freelance que carecen de contratos formales, prestaciones o seguros de vida.
La tragedia en el Parque Bicentenario aceleró las exigencias para que la legislación capitalina obligue a los organizadores de espectáculos a contratar pólizas de seguro con cobertura de riesgos y gastos médicos para toda la prensa que ellos mismos acrediten.
El cobro de la tragedia
No hay que pasar de largo que, durante el proceso, la asesoría legal de las víctimas expuso que las productoras cobraron de forma oportuna los seguros corporativos del festival tras la cancelación del evento, mientras sus equipos jurídicos peleaban en las audiencias para evitar indemnizaciones directas a las familias afectadas.
El caso Ceremonia debe marcar un antes y un después en la regulación de eventos masivos. Especialmente si tomamos en cuenta que se trata de monstruos corporativos dispuestos a enfrentarse con individuos cuya tragedia ocurrió, en primer lugar, por prestar un servicio para su beneficio.
