El probable escenario de un conflicto postelectoral en los Estados Unidos no es una especulación paranoica ni una anomalía conspirativa; es la consecuencia estructural de un sistema político con una polarización afectiva severa, una descentralización extrema de la administración electoral, una judicialización estratégica de los procesos de votación y una mercantilización de las elecciones.
Al escribir estas líneas, y ante la posibilidad de que el Partido Republicano pierda el control del Congreso, el ruido mediático repite cada vez más la idea de una reacción planificada que reproduzca una nueva edición del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. En ese episodio, una multitud de partidarios de Donald Trump irrumpió en la sede del Congreso en Washington D. C., para impedir la sesión conjunta destinada a contar los votos del Colegio Electoral y certificar la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020.
Justificadas o no, circulan múltiples razones que apuntan a que hay demasiados expedientes abiertos, como los archivos del caso Epstein o el supuesto enriquecimiento dudoso del presidente y su familia, que podrían motivar cualquier acción para evitar que, con una nueva mayoría, los demócratas inicien un nuevo juicio político contra el presidente, su familia y varios de sus funcionarios y hombres leales.
Dada la estructura y el funcionamiento descentralizados del proceso electoral, en el que los estados son los responsables de llevar a cabo las elecciones desde la apertura de las urnas hasta el conteo y la certificación de los votos, el sistema constitucional estadounidense no prevé la cancelación ni la suspensión generalizada de las elecciones intermedias. Tampoco la Insurrection Act (Ley de Insurrección de Estados Unidos, una ley federal que permite al presidente desplegar las Fuerzas Armadas y federalizar a la Guardia Nacional dentro del territorio de los Estados Unidos para reprimir rebeliones, disturbios civiles o hacer cumplir la ley federal) confiere al presidente de los Estados Unidos la potestad de posponer, cancelar o reconfigurar las elecciones federales mediante un decreto ejecutivo.
Sin embargo, existen mecanismos específicos de extensión o de nulidad parcial a nivel estatal en circunstancias extraordinarias. Para llegar a esas circunstancias habrá que estar atento a las siguientes anomalías:
1. Narrativa de la deslegitimación anticipada. La señal es la siembra deliberada de dudas sobre la integridad del proceso semanas antes de la votación. Cuando los actores políticos condicionan la aceptación del resultado a su propia victoria, se promueve la incertidumbre en el proceso y se cuestiona la certeza del resultado; elementos suficientes para convocar a una movilización de los grupos leales para “señalar y denunciar el presunto robo”.
2. Proliferación de demandas preventivas. Se trata de un recurso legal que presenta cientos de demandas procesales preelectorales sobre la verificación de firmas, las reglas de empadronamiento, la duda sobre la condición migratoria de los votantes, entre otros temas. Son demandas que se suspenden antes del día de la elección y, según el resultado, encuentran el pretexto legal para activarse inmediatamente después del cierre de las urnas.
3. Intimidación física en centros de votación y de cómputo. La presencia de grupos civiles armados, protestas multitudinarias, observadores no acreditados o turbas partidistas que rodean instalaciones de cómputo centralizado representa una amenaza directa al conteo y a la validación del resultado de la votación, buscando el colapso de las instituciones electorales para continuar con el proceso una vez que se hayan cerrado las casillas.
4. Ataque y cuestionamiento a la profesionalización de las burocracias electorales locales. Este es un recurso utilizado principalmente para socavar la credibilidad de las autoridades locales y sembrar sospechas de arreglos fraudulentos a lo largo de todo el proceso. Más que anular el proceso, este recurso busca generar una supuesta evidencia para alimentar la narrativa de fraude electoral y distribuirla a nivel nacional.
Finalmente, la complejidad del andamiaje legal electoral indica que un conflicto poselectoral no busca necesariamente la anulación de la elección, sino más bien la creación y el mantenimiento del enojo de una masa crítica de ciudadanos dispuestos a movilizarse como recurso de presión política, para ser utilizado a conveniencia y presionar al adversario en su propia demarcación electoral.
