OSC exigen a AMLO no criminalizar a opositores del Tren Maya

Organizaciones de la sociedad civil rechazaron las acusaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador por supuestamente oponerse a la construcción del Tren Maya y recibir dinero por ello, por lo que hicieron un llamado a respetar el disenso, el cual consideraron como legítimo y deseable en una democracia.

Con un comunicado conjunto, organizaciones manifestaron su derecho a manifestarse ante actos de las autoridades que ponen en entredicho sus derechos humanos, pues son garantías que se encuentran en la Constitución y forman parte de los compromisos internacionales adoptados por México.

Recordaron que personas y colectivos han sido objetos de intimidaciones y agresiones por oponerse a la destrucción ocasionada por megaproyectos como el Tren Maya, que se ha caracterizado por la explotación y destrucción de la autonomía de pueblos, ecosistema y el goce de derechos humanos.

Además, reconocen al Tren Maya como un megaproyecto que implica “graves riesgos e impactos ambientales, sociales económicos y patrimoniales”, como lo han advertido comunidades, académicos, organizaciones e incluso instancias del mismo Gobierno Federal.

Este proyecto, dicen, no fue concebido bajo los parámetros de consultas populares establecidas por autoridades internacionales, y el mismo nombre del proyecto implica una apropiación cultural, cuyo propósito es únicamente hacer de él algo más “amigable”.

Acusaron que el Gobierno Federal haya emprendido una campaña de desprestigio en contra de organizaciones civiles, al grado en que ya existe ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia contra de asociaciones que se han opuesto a este proyecto de infraestructura.

“Atacar la labor de las organizaciones de derechos humanos, no sólo implica una grave violación al universal derecho a defender los derechos humanos, sino también tiene como objetivo invisibilizar que son las y los integrantes de las propias comunidades quienes se oponen al proyecto que impactará de manera irreparable su territorio y forma de vida”.

Sobre el financiamiento que reciben, apuntaron que la cooperación internacional es legal, lo mismo que los donativos particulares, empresas y fundaciones nacionales e internacionales.

Ante los intentos por silenciar las voces críticas ante el Tren Maya, señalan que seguirán alzando la voz cada vez que una persona u organización sea agredida y cada vez que un ecosistema se vea vulnerado.

Las organizaciones firmantes son el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, Diálogo y Movimiento, Indignación A.C. y Fundación para el Debido Proceso Legal. CJG

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