Su nombre significa “esperanza” en árabe, algo a lo que su familia trata de aferrarse. Aquejado de una enfermedad autoinmune, el palestino Amal Nakhleh, de 17 años, vive desde hace un año en una prisión israelí, pese a no estar inculpado ni procesado.
La víspera de una audiencia clave, su padre, Muamar, teme que el juez vuelva a renovar la “detención administrativa” de Amal, una controvertida medida que permite a Israel encarcelar a sospechosos por seis meses renovables, de forma indefinida y sin acusación formal.
“Desde su arresto, el año pasado, solo lo he visto dos veces. La última fue esta semana, en la cárcel, detrás de un grueso cristal y no pude ni tocarlo”, comentó Muamar, un periodista de 50 años, en el apartamento familiar situado en el campamento de refugiados de Al Jalazun, en Cisjordania ocupada.
“Me dijo que quería hacer huelga de hambre, pero eso me da miedo porque está ya muy débil”, cuenta el hombre. Su hijo padece miastenia, una enfermedad neuromuscular autoinmune, y en 2020 le extrajeron un tumor cancerígeno de la caja torácica.
El martes, el preso palestino Hisham Abu Hawash, en detención administrativa desde hace más de un año, puso fin a 141 días de huelga de hambre, un caso emblemático que llevó al diario israelí Haaretz a pedir que se elimine esa medida.
“Si el Estado tuviera pruebas contra Abu Hawash [sospechoso de preparar ataques, según Israel], debería haberlo inculpado. Si no, había que liberarlo inmediatamente”, subrayó el rotativo en un editorial.
La práctica también ha sido criticada por organizaciones de defensa de los derechos humanos y por gobiernos extranjeros.
Pero el Ministerio israelí de Relaciones Exteriores la defiende, aduciendo la situación de “seguridad compleja y volátil de Cisjordania”.
Más de 450 palestinos se encuentran actualmente encarcelados en prisiones israelíes en el marco de esas “detenciones administrativas”. Según la oenegé israelí HaMoked, seis de ellos son adolescentes, como Amal Nakhleh.
Están encarcelados sin acusación ni proceso ni posibilidad de acceder a las pruebas retenidas contra ellos por los servicios de seguridad israelíes.
Prepararse para “lo peor”
Amal está en detención administrativa desde enero de 2021, cuando unos soldados vinieron a buscarlo a casa, al amanecer, y lo arrestaron.
Antes, había sido detenido en noviembre de 2020, cuando se acababa de recuperar de su operación. Lo acusaron de lanzar piedras contra la policía, algo que su familia niega que hiciera, y estuvo 40 días arrestado, hasta que un juez israelí ordenó su liberación, según contó su padre.
La AFP contactó con el servicio de seguridad israelí Shin Beth, que declinó hacer comentarios, pero previamente le había dicho a la prensa que Amal era “sospechoso de participar en una actividad terrorista”.
Su detención se ha prorrogado ya en dos ocasiones y el lunes se celebrará una nueva audiencia.
“Tengo miedo de que se si renueva su detención esta semana, no lo volvamos a ver en mucho tiempo”, confesó, nervioso, su padre. “Me estoy preparando para lo peor”.
El caso de Amal fue presentado ante las autoridades israelíes por la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), que pidió su “liberación inmediata” dadas “sus condiciones médicas” y que “se trata de un menor”. DJ