Sin mayores aspavientos, el Senado de la República concretó la abultada agenda de pendientes para el que fue convocado el 29 de julio para el tercer periodo extraordinario de sesiones de su actual receso legislativo.
Poco después de la media noche y luego de la emotiva aprobación del dictamen en materia de previsión de suicidios, donde la presidenta de la Mesa Directiva pronunció un sentido mensaje en honor a quienes, por diversos motivos, decidieron quitarse la vida, y que provocó afloraran los sentimientos y hasta las lágrimas, se presentó el dictamen de reformas a la ley reglamentaria de artículo 19 constitucional, es decir, la ampliación de delitos que debe contemplar la prisión preventiva oficiosa. Delitos graves como: huachicol, corrupción, electorales, robo de transporte, robo a casa habitación, entre otros.
De sí larga y con diversas manifestaciones emotivas, la sesión en el Senado de la República (poco más de doce horas), corrió desde los intentos de legisladoras panistas por tomar y ocupar el sitio de la Mesa Directiva, y la prudencia mostrada por su presidenta Mónica Fernández Balboa, a los dos minutos de silencio en honor a los fallecidos por la pandemia en México y de quienes sucumbieron víctimas del suicidio, personas incomprendidas que por diversos motivos optaron por partir a falta de respuestas y de apoyo.
Los enfrentamientos y enconos para legislar en torno a la Ley de Adquisiciones, que a final de cuentas tuvo una votación dividida pero aprobatoria con 56 a favor y 35 en contra, también marcaron el rumbo nocturno de la sesión en el pleno. Y la unanimidad al probar la Ley reglamentaria en prevención de suicidios, impulsada por la misma Fernández Balboa y la priista, Verónica Martínez, fue el punto de mayor emoción.
Así transcurría, somnolienta, tersa y hasta emotiva la sesión hasta altas horas de la madrugada. Hasta que se presentó la reforma al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como las reformas, adiciones y en su caso derogaciones a diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, del Código Penal Federal, de la Ley General de Salud, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y de la Ley de Vías Generales de Comunicación. El mismo tema de la agenda lo hacía engorroso.
Y de nueva cuenta el encontronazo.
Miguel Ángel Mancera, del PRD, observó que el tema no es si debiera o no existir la prisión preventiva, sino es la regulación de la reforma al artículo 19, porque la demora ha generado división de criterios. Lo que tenemos que hacer los senadores es cumplir con la tarea para que se puedan aplicar estas nuevas medidas cautelares: “en materia penal no puede haber interpretación.
El retraso esta provoca que de cada 10 casos en los que se podría aplicar la prisión preventiva se están desestimando 7 por la imprecisión”.
Juan Zepeda, de Movimiento Ciudadano de plano soltó: “No creemos que la prisión preventiva oficiosa sea la solución para disminuir la inseguridad” y se manifestó por un Parlamento Abierto con expertos y defensores de derechos humanos para revisar todo el sistema penal y de las prisiones.
Claudia Anaya, del PRI, señaló que se equivocaron y hoy se necesita mayor capacitación para los investigadores y los ministerios públicos, es un problema de impunidad: “el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva crece y crece sin orden. Indira Rosales, del PAN, recordó que su bancada votó a favor de la reforma constitucional porque creyeron que este nuevo catálogo cerraría la puerta giratoria, pero no fue así, no ha habido ninguna mejoría”.
A favor de las reformas el senador Cristóbal Arias, de Morena, dijo que estas responden a la exigencia de la mayoría de los ciudadanos de justicia: “son cambios son fundamentales para terminar con la corrupción y la impunidad”.
Emilio Álvarez Icaza, senador independiente presentó una moción suspensiva y pidió se revise el dictamen, pues viola los derechos y afecta principalmente a las mujeres, porque una de cada dos está en prisión sin haber sido sentenciada. Damián Zepeda, del PAN habló en contra y enfocó sus baterías a la crisis económica por la pandemia: “a 67 millones de personas no les alcanza para la canasta básica, 15 millones han perdido su empleo, 150 mil tienditas cerradas por la crisis”, enumero para demandar se apruebe ya el ingreso básico universal. Salomón Jara, de Morena se pronunció a favor y consideró que la reforma representa la culminación de la aprobación a las reformas al artículo 19 constitucional. Hay muchas cosas que corregir y perfeccionar, pero es necesario que las fiscalías se esfuercen para terminar con la impunidad, dijo.
La priista Claudia Ruiz Massieu, que votó en contra, expresó que la lucha contra la impunidad nos une, pero el tema de la prisión preventiva nos separa. “No puede haber seguridad sin respetar a los derechos humanos. La prisión preventiva es una violación a la presunción de inocencia. El problema de la impunidad no se va a solucionar con aumentar el número de delitos. Si no nos gusta el sistema, invirtamos en la capacitación”.
Las manecillas del reloj apuntaban ya a las 4.36 de la madrugada, del 30 de julio, y el dictamen sería aprobado con 53 votos a favor 23 en contra.
El Senado había cumplido con todos los retos planteados y su presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, podía retirarse a descansar un par de horas.
@jlcamachov