No hay fecha que no se cumpla. El tan esperado análisis del proyecto de nueva ley orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR) da inicio el próximo lunes en formato de parlamento abierto, tal y como lo ofreció el zacatecano Ricardo Monreal en diciembre pasado, cuando activistas y legisladores de oposición habían señalado insuficiencias en el proyecto que estaba a punto de ser aprobado.
Por lo pronto, el también presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado adelanta que ya ha habido cambios en el proyecto, tal como la permanencia del Consejo Ciudadano en el seno de la propia FGR.
Cabe destacar que este proyecto surge a poco más de dos años de que esta misma legislatura aprobara la actual Ley Orgánica de la FGR.
En la exposición de motivos del proyecto se sostiene que se buscan reforzar los conceptos de autonomía de los servidores públicas de la Fiscalía, así como la independencia y autonomía técnica de fiscales, es decir, las y los agentes del Ministerio Público de la Federación.
Como parte de los acuerdos con la oposición se contemplan órganos abocados a los mecanismos alternativos de solución de controversias, así como las facultades de las fiscalías especializadas, las cuales no estaban contempladas en la iniciativa.
Se refuerzan los mecanismos de elegibilidad para el titular de la FGR, pues se sostiene que no sólo la calidad profesional será relevante para designarlo, sino que goce de buena reputación y honorabilidad.
Entre los acuerdos con los grupos parlamentarios de oposición, en el proyecto consensuado se establecen derechos de las víctimas, por lo que, entre las facultades de las y los agentes del Ministerio Público previstas en el artículo 40, se incorporan diversas actuaciones en favor de éstas: Se deberá informar a la víctima del delito o a la persona ofendida, desde el momento en que se presente o comparezca, sobre los derechos que le reconocen la Constitución, la Ley General de Víctimas, el Código Nacional y demás disposiciones legales aplicables, así como sus alcances, incluyendo el derecho de designar a quien le brindará asesoría jurídica.
Además, se deben garantizar, durante toda la investigación y el proceso penal, los derechos de las víctimas. También se tendrán que dictar medidas de protección especial a favor de las víctimas, para la salvaguarda de sus derechos o bienes jurídicos y establecer sin demora la orden de búsqueda y localización de personas desaparecidas, cuando reciba denuncia de la probable comisión de un delito relacionado con estos hechos.
En el proyecto de ley, concretamente que en el artículo 20, se incorporaron como obligaciones indelegables de quien encabece la Fiscalía General, tales como comparecer ante cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión y remitir anualmente, durante el segundo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, su informe de actividades.
La ley contempla la creación de comisiones especiales, de carácter temporal, que gozarán de autonomía técnica y de gestión, para colaborar en las investigaciones de fenómenos delictivos de orden federal y entre los ilícitos se incluyen los que atenten contra la dignidad humana o grupos de personas por razones de origen o pertenencia a grupos étnicos o nacionales, raza, discapacidad, lengua, género, sexo, identidad o preferencia sexual.
En este proyecto legislativo se sustituye el Plan de Persecución Penal por un Plan Estratégico de Procuración de Justicia, mediante el cual se determinarán las estrategias y los objetivos para la eficiencia y eficacia en la investigación y la persecución del delito, mismo que deberá ser presentado por el titular de la Fiscalía al inicio de su gestión al Senado de la República.
Resulta positivo que se haya escuchado a la oposición, pero a partir del lunes será el momento de escuchar a las y los especialistas, quienes atienden con compromiso la invitación del Senado y lo menos que esperan es que sean escuchados y sus propuestas tomadas muy en cuenta.
@jlcamachov