Jose Luis Camacho

Las y los legisladores federales sesionan a contracorriente. Consciente de los riesgos crecientes, pero también de lo estratégico de su labor, el Congreso de la Unión está celebrando sesiones híbridas con el objetivo de evitar aglomeraciones y desahogar gran parte de la agenda por canales remotos.

En el caso del Senado que preside el chiapaneco Eduardo Ramírez Aguilar y que comanda el zacatecano Ricardo Monreal Ávila, ha delineado los temas que tratará durante los escasos diez días que le restan de labor ordinaria y planteado, incluso, la realización de un periodo extraordinario en enero.

En primer término, se encuentra el tema de la subcontratación laboral, que se espera salga de San Lázaro la siguiente semana y se señala que buscará exigir el pago justo de salarios, prestaciones conforme a la ley y el pago de los impuestos a que ha lugar.

En la fila también se encuentra la reforma a pensiones, nombramientos de magistrados en materia electoral y magistrados agrarios, ley orgánica de la Fiscalía General de la República, reformas a la Ley de Disciplina Financiera e igualdad salarial.

Será el miércoles 9 de diciembre cuando el Senado vuelva a reunirse, a fin de dar tiempo a la Cámara de Diputados para aprobar el tema de la subcontratación.

Señales

En la bancada senatorial de Morena no hay acuerdo para acompañar la iniciativa presentada por el senador José Narro Céspedes, que pretende modificar el artículo 27 de la Constitución para incorporar el concepto de “propiedad social” para concentrar exclusivamente en el Congreso de la Unión la facultad de fraccionar y enajenar extensiones territoriales que superen las cien hectáreas.

Los negocios mexicanos, en graves problemas

El INEGI a través de la Encuesta sobre el impacto generado por el Covid-19 en las empresas, ha revelado datos duros respecto al adverso panorama que atraviesa la iniciativa privada en nuestro país, generadora de los empleos del país. Ante ello, surge un amplio número de acciones y críticas en las que es indispensable asumir un papel de defensa en favor de la conservación y creación de empleos para los mexicanos.

De acuerdo con el INEGI, dos de cada tres empresas en México consideran que no podrán continuar operando más de un año con el nivel de ingresos que actualmente manejan.

El 46.6% de las empresas cree que sobrevivirá entre tres y menos de 12 meses, mientras que 15% no prevé resistir un trimestre más.

Ocho de cada diez empresas manifestaron problemas económicos por la Pandemia.

Durante agosto de 2020, solo 5.9% de los negocios obtuvo algún tipo de apoyo por parte del gobierno federal.

Seis de cada diez empresas consideran que la política que más se requiere para hacer frente a la pandemia son estímulos fiscales, seguido de alguna transferencia directa y acceso a créditos.

De mayo de 2019 a septiembre de 2020 desaparecieron 391 mil 414 empresas en el país, afectando alrededor de 3 millones de trabajadores.

La realidad es clara: urge una política pública contundente de apoyo a las y los creadores de empleo.

@jlcamachov

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