Mientras un particular puede realizar todo aquello que no le esté prohibido, un servidor público solo puede realizar aquello que le esté expresamente permitido.
Se trata de un principio con una lógica y razón de ser invariables, que responden al interés general de la sociedad mexicana por encima de intereses particulares. Es decir, la máxima libertad posible para el mandante y el máximo control y restricción para el mandatario.
En este sentido, existe un marco jurídico particular para los casos y asuntos que se consideren de seguridad nacional, pues a final de cuentas se trata de un aspecto que puede amenazar la propia existencia del Estado mexicano.
En ese supuesto se inscribir el operativo implementado en Culiacán el pasado 17 de junio, pues quién pudiera negar la gravedad de los intereses delincuenciales que estaban trastocándose.
La identidad de los elementos de la policía federal en transición a la Guardia Nacional, así como de la Policía Militar que participaron en dicho operativo debe ser cuidada bajo la máxima prioridad estatal, así como del propio Grupo de Análisis e Investigación del Narcotráfico (GAIN).
Ello porque su supervivencia y la de su familia se podrían encontrar en peligro de no garantizar la máxima secrecía de su identidad.
De ahí la gravedad de lo que sucedió ayer en Palacio Nacional, cuando el Presidente de la República hizo público el nombre de quien encabeza el GAIN.
El artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece las excepciones que deben observarse y acatarse en la difusión de información, cómo es el caso de la que pueda poner en peligro la vida, Seguridad o salud de una persona física, siendo éste el supuesto al que se ajusta lo sucedido ayer en la conferencia presidencial matutina.
Evidentemente, la intención del presidente no fue ésa, sino ser lo más transparente posible en
manejo de la información. Sin embargo, el desconocimiento de la ley no exime su observancia y el Poder Ejecutivo Federal debe garantizar la integridad de quien hoy se encuentra en peligro por la revelación de su nombre y jerarquía.
La protección de este servidor público y de todos aquellos que procuran la seguridad de la nación son un asunto de seguridad nacional que no puede ni debe ser pasada por alto y que exige la actuación inmediata de las autoridades.