Zacatecas no sólo ha sido azotada por el narcotráfico y sus daños colaterales. Ahora, sus trabajadores jubilados y pensionados del estado recibieron como noticia anticipada de fin de año: al menos dos mil de cuatro mil 600 pensionados dejarán de recibir la prestación en este año.
De acuerdo con un mensaje emitido en esta semana en varios canales de comunicación por Ignacio Sánchez González, director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac) las malas acciones, los manejos indebidos que recayeron en acciones por “encima de la ley y la corrupción” provocaron que las finanzas del organismo colapsaran.
De acuerdo con un informe de la Auditoría Superior del Estado (ASE), el problema ha escalado desde los gobiernos de la entonces perredista Amalia García y sus sucesores, los priistas Miguel Alonso Reyes y Alejandro Tello —junto con directivos y líderes sindicales—, quienes determinaron dar aguinaldos a los jubilados del estado de manera irregular.
En este informe el órgano fiscalizador estatal determinó que hasta el año pasado esta prestación se entregó fuera de la ley a quienes “cotizan en el régimen del sistema de pensiones de 1986”, es decir, desde que fue creado el instituto.
De acuerdo con la explicación del director del Issstezac, el órgano fiscalizador del estado recomendó evitar el pago del aguinaldo para los dos mil jubilados más antiguos y que están amparados en la ley de 1986.
Pero hay dos mil 600 pensionados de menor edad y que fueron beneficiados por el gobierno de Miguel Alonso Reyes al reformar en 2015 la Ley General del Issstezac; justamente ellos sí gozarán de la prestación.
Quiebra anunciada
Según las observaciones de la ASE, de 2015 a 2019, entre el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios y Organismos Paraestatales (SUTSEMOP), el Sindicato Independiente de Trabajadores del Estado de Zacatecas (SITEZ) y el Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) hubo un dispendio de 22 millones 54 mil 361 pesos para cubrir “gastos administrativos propios” y que no fueron justificados.
Incluso de 2010 a 2014, el pago no estimado de prestaciones a jubilados y pensionados que no están estimadas en la legislación vigente, ascendió a 194 millones de pesos; mientras que de 2012 a 2016 pagaron plazas que no estaban estimadas dentro de los estatutos a personal con cargos no considerados en la estructura orgánica del instituto, lo que representó 42 millones 107 mil 937 pesos.
Para octubre pasado, en un mensaje de Sánchez González, se informó que el fideicomiso del Instituto en agosto debía tener 1.056 millones de pesos, pero sólo hubo una cantidad disponible por cinco millones de pesos, por lo que en septiembre había un déficit para cubrir pagos a trabajadores y pensionados de 97 millones de pesos.
Una campaña perversa
El pasado lunes 29 de noviembre, Adrián Cázares Espinoza, presidente de la Asociación de Pensionados y Jubilados del Issstezac, señaló que tanto el anuncio de la quiebra como el recorte al pago de los aguinaldos forman parte de una “campaña perversa” para desgastar y dividir a los trabajadores a fin de finiquitar el instituto “a como dé lugar”.
Según Cázares Espinoza, en una entrevista concedida al diario NTR Zacatecas, durante el sexenio del exgobernador y ahora senador por Morena, Ricardo Monreal, se implementó un programa de atención a los aguinaldos para los jubilados, relacionado con el pago que se concretó con el pago de hasta “60 días”.
Cázares Espinoza aseguró que las autoridades de la entidad “quieren generar una crisis económica y social, y buscan en el fondo privatizar el fondo de pensiones”. Y añadió que ese plan lo generó Jorge Miranda Castro, entonces secretario de Finanzas en el gobierno de Alejandro Tello y actual presidente municipal de Zacatecas.
Según lo dicho por Cázares Espinoza, hace dos años sabían sobre la creación de un fideicomiso privado para el Issstezac que sería “un banco el que cubriera nuestras prestaciones”.
Argumentó que el gobierno del estado sólo está tomando en cuenta lo que dice la ley de 1986, ignorando lo que está en la de 2015, la cual señala que va a respetar todos los derechos que los jubilados hayan adquirido desde que empezaron a cotizar.