1. Indudablemente, la corrupción constituye una práctica inaceptable en el mundo y por lo tanto lesiva para el interés general. El informe de The World Justice Project ubicó a nuestro país en el lugar 113 de 139 posibles en la medición del Índice Global del Estado de Derecho, afectado sobre todo porque en la variable de “ausencia de corrupción”, se ubicó en el sitio 135, apenas por encima de Camerún, Camboya y la República del Congo. ¿Nos hacen sentido estos datos? El presidente Biden ha recuperado el combate a la corrupción como un elemento esencial de la política exterior estadounidense y en México erradicarla resulta medular para el gobierno, que habrá de presentar el caso en el Consejo de Seguridad de la ONU. Es decir, no obstante grandes esfuerzos, la corrupción sigue persistiendo como el mal mayor en la gestión pública y la confianza ciudadana.
2. En nuestro país, hemos tenido varios ciclos anticorrupción, todos ellos derivados de diagnósticos y planes concebidos desde la cúspide del poder. En 1982, tuvo lugar la propuesta de “renovación moral de la sociedad”, creándose la Secretaría de la Contraloría General de la Federación (SECOGEF) como el ente público necesario para vigilar el ejercicio de las responsabilidades públicas. Tras algunos casos ejemplares como lo fue el proceso contra Jorge Díaz Serrano, exdirector de Petróleos Mexicanos, la norma perdió eficacia y pronto dio paso, en el sexenio siguiente, a la transformación de esta dependencia en la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM), con el énfasis también en el desarrollo de una sólida cultura administrativa para vincular integridad personal con el buen desempeño y mejores resultados.
3. Con el advenimiento de la primera alternancia política en la Presidencia de la República y tras la promulgación de la Ley del Servicio Profesional de Carrera, supuesto hito en el desarrollo de la gestión pública mexicana, en 2003 la dependencia responsable del combate a la corrupción se transformó en la Secretaría de la Función Pública, buscando armonizar las normas de control, transparencia y responsabilidades con el reclutamiento, selección, permanencia y promoción de los servidores públicos.
4. El Sistema Nacional Anticorrupción, articulado en 2014 con siete vertientes interinstitucionales, se pensó actuaría como un todo armónico para desincentivar –tal es la palabra- y en su caso, conocer y castigar los casos de corrupción. El caso Lozoya/Odebrecht ha mostrado la ineficacia del elefante en la sala. Pareciera entonces que el problema no es tanto el diseño de las instituciones anticorrupción, sino el establecer el sentido de las mismas: ¿es el pretender castigar los casos de corrupción lo relevante, o bien, prevenir y anticipar que la corrupción sea posible? En Nueva Zelanda (lugar 8 en el WJP), por ejemplo, mediante un sencillo modelo de gestión pública, la corrupción resulta imposible. No se preocupan sólo por perseguir a los corruptos, se preocupan porque no haya corruptos, es decir, por construir integridad pública.
5. En Nueva Zelanda se es servidor público, con todo lo que ello atañe, o no se es, por lo que se declara y registra lo que se tiene y se sabe lo que se puede tener al concluir el cargo. Y el sistema funciona porque la ley se aplica. Hubo casos de destitución de funcionarios por utilizar recursos públicos para pagar cuestiones personales. Por supuesto, no se negocia la aplicación de la ley, con autonomía frente al poder político, apoyada en la vigilancia ciudadana para evitar comaladas de nuevos ricos. Se dirá, claro, que se trata de un país pequeño, en donde este control es asequible. Sin embargo, es precisamente que sea un país más pequeño que el nuestro lo que denota la ejemplaridad del sistema que previene la corrupción y construye integridad pública más que perseguir corruptos con manos libres en un complejo y sofisticado pero reumático elefante blanco.